El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, aseguró este miércoles que las recientes amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional a indígenas y activistas, "garantiza el proceso de reconciliación" en el país andino.
En una rueda de prensa, Iza se refirió a la decisión la semana pasada de la Asamblea Nacional de amnistiar a 268 procesados por participar en protestas sociales o en la defensa de derechos de la naturaleza.
Sesenta de los amnistiados estaban relacionados con los hechos ocurridos durante las manifestaciones entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, cuando Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro norte de Quito, y el bloqueo de vías cruciales del país, lo que llevó al Ejecutivo de entonces a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina de mayor consumo y que tuvo que ser derogado para aplacar unas protestas en las que murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.
Iza apuntó que entre los amnistiados están, además, 153 que corresponden a la "defensa del territorio de la empresas extractivas", 12 a la "administración de la justicia indígena", y 43 a la "defensa de la naturaleza y el agua".
"La amnistía es un bien jurídico que no puede ser politizado, no puede ser utilizado como una plataforma electoral y tampoco para presionar a la Asamblea Nacional", subrayó.
Tras sostener que "la amnistía garantiza un proceso de reconciliación", demandó que se respete la independencia política de los cinco poderes del Estado.
"Miramos con total preocupación que el único que no quiere reconciliación en este país, quiere más caos, quiere más persecución, quiere más criminalización, es el Gobierno nacional", dijo en referencia a la administración de Guillermo Lasso, que ha criticado la decisión del Parlamento.
OPOSICIÓN DEL EJECUTIVO
El consejero de Gobierno, Carlos Jijón, señaló recientemente que "con todo el respeto que tiene el Gobierno por la independencia de funciones, el presidente (Guillermo Lasso) considera que la decisión ha sido injusta e irresponsable".
Injusta -explicó- porque ha olvidado los "ataques y agresiones" que sufrió la ciudad, comerciantes, periodistas e integrantes de las fuerzas del orden durante las violentas manifestaciones de octubre de 2019, que tuvieron su epicentro en el centro norte de Quito, donde buena parte de la sede de la Contraloría acabó en llamas.
"Se quemaron edificios públicos y privados, la ciudad fue agredida de una manera muy violenta", dijo Jijón, al comentar que es "injusta al dejar sin que los responsables paguen sus culpas".
Por ello -añadió- el Ejecutivo "está estudiando las decisiones constitucionales que se enmarquen dentro de la Constitución y la ley para poder oponerse legalmente a esa decisión de la Asamblea".
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