'Ley Antipillos' es un 'paquetazo navideño' del presidente Daniel Noboa, arremete la Asamblea Nacional
"Contrariamente a lo que su nombre indica, esta ley no abona al control del lavado de dinero", resalta el comunicado del Legislativo.
La 'Ley Antipillos' recién promulgada en el Registro Oficial por el presidente Daniel Noboa continúa en el ojo del huracán con la Asamblea Nacional, que arremetió nuevamente contra la normativa a la que bautizó como "paquetazo navideño".
Este miércoles 11 de diciembre, el Legislativo, presidido por Viviana Veloz, lanzó un comunicado con el que señala que la publicación de la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos se traduce en "un paquetazo que golpeará directamente al bolsillo de los ecuatorianos".
"Contrariamente a lo que su nombre indica, esta ley no abona al control del lavado de dinero ni a las mafias que atentan contra la economía del país, pero si pone una carga monetaria más en los hombros de los ciudadanos", enfatizó la Asamblea Nacional.
Impuesto de la 'Ley Antipillos'
Como primer punto, el Legislativo sostiene que con la 'Ley Antipillos' se obliga a pagar un impuesto por la venta de carros usados que, dependiendo del costo del vehículo, podría llegar a ser hasta el 5%. Además, enfatiza que si el impuesto no se paga, no se podrá matricular el vehículo.
Por otro lado, esta Ley establece que el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) será elegido "de forma arbitraria" por el presidente de la República.
Antes se elegía a través de una terna, pero ahora "el poder de control de los ingresos lícitos estará en manos de un delegado del presidente Noboa, es decir, el poder se queda en el Ejecutivo", acotó la Asamblea.
Al final, también se cuestiona que temas como el control de activos digitales ya están regulados, ya que actualmente se establece que los proveedores de estos servicios son sujetos obligados a reportar a la UAFE.
"Acto ilegal e inconstitucional"
En el pronunciamiento también se ratificaron las declaraciones del secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, sobre que el Ejecutivo no está facultado para promulgar un proyecto de ley que fue negado y archivado por el pleno.
"Es decir, la promulgación de este decreto Ley es un acto ilegal, inconstitucional y de facto y podría llegar a un posible delito de simulación y usurpación de funciones públicas", subrayó el Legislativo.
Muñoz ha indicado que el artículo 140 de la Constitución de la República determina que los proyectos urgentes en materia económica se tramitarán vía procedimiento ordinario. Explicó que la única diferencia, con los proyectos no urgentes, son los plazos para el pronunciamiento, que en este caso es de 30 días.
Asimismo, señaló el artículo 60, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que determina que, durante el tratamiento de un proyecto de ley, la mayoría del Pleno puede ser negado o archivado en primer debate.
Ante las críticas emitidas por el Legislativo, ayer la bancada oficialista ADN emitió un comunicado para advertir que emitir juicios de valor en contra de la Corte Constitucional y el Registro Oficial representa un atentado contra la democracia.
La normativa presentada por el Gobierno el 7 de noviembre, fue archivada por el Legislativo con 84 votos del correísmo, Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y otras formaciones. Estas agrupaciones argumentaron que el proyecto encubría impuestos disfrazados como medidas para luchar y controlar las economías criminales.
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