Daniel Noboa enfrenta a la Asamblea por 'Ley Antipillos': devolvió la resolución de archivo para que siga su tratamiento
El Ministerio de Gobierno dijo que "sabrá responder" si es que no se procesada el proyecto.
Sigue la disputa entre la Asamblea y el Ejecutivo. Este sábado 30 de noviembre, el presidente Daniel Noboa devolvió al Legislativo la resolución que archiva el proyecto de Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, más conocida como ‘Ley Antipillos’.
El pasado 27 de noviembre, la Asamblea negó la propuesta con 84 votos a favor, ya que “buscaba crear más impuestos para los ecuatorianos”, según comentaron varios legisladores.
La resolución se dio en primer debate conforme lo estipula el artículo 60, último inciso de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, Noboa recuerda que el artículo 62 menciona que “solo en segundo debate, con el voto favorable de la mayoría absoluta, el Pleno de la Asamblea podrá archivar el proyecto”.
Por ello, el mandatario devolvió la resolución y recordó a los asambleístas “que los tiempos establecidos para el trámite de la ‘Ley Antipillos’, siguen su curso, por lo que el Gobierno, en su momento, sabrá responder con base en la Constitución”.
“Esto no es un simple trámite legislativo: es un ataque directo a la seguridad del país”, apuntó el Ministerio de Gobierno en un comunicado.
Agregó que “la vieja política” no solo busca frenar esa propuesta vital para golpear a las mafias, “sino que pretende mantener abierta la puerta del financiamiento de los grupos narcodelictivos para que sigan ganando poder”.
¿QUÉ DICE LA ASAMBLEA?
El proyecto de ley tiene calificación de urgente en materia económica, por lo que la Asamblea tiene 30 días para procesarlo, de lo contrario, el mandatario podría ingresarlo al Ministerio de la ley y enviarlo directamente al Registro Oficial.
Por su parte, el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, informó que, bajo ningún concepto, el presidente puede pasar el proyecto por el Ministerio de la Ley, pues el Legislativo se pronunció en el período debido.
“Sería un acto ilegal, inconstitucional y de facto y podría llegar a un posible delito de simulación y usurpación de funciones públicas”, advirtió el funcionario, al tiempo que enfatizó en que el accionar del Legislativo es completamente legal y constitucional.
Muñoz se refirió al artículo 140 de la Constitución de la República, que indica que los proyectos urgentes en materia económica se tramitarán vía procedimiento ordinario. Explicó que la única diferencia, con los proyectos no urgentes, son los plazos para el pronunciamiento, que en este caso es de 30 días.
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