Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional archivó las solicitudes de enjuiciamiento político en contra suya, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, anunció que dejará de estar activa en redes sociales de forma indefinida.
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“Las redes sociales son una herramienta de comunicación muy poderosa, pero también hacen mucho ruido. Por eso he tomado la decisión de alejarme de ellas por un tiempo, por mí, por mi familia y para mantenerme enfocada en las cosas importantes. Gracias siempre su apoyo”, publicó este miércoles la funcionaria, antes de cerrar su cuenta en la red social X.
En una de sus últimas declaraciones antes de alejarse de las redes sociales, Salazar se refirió a los pedidos infructuosos de los legisladores Gissela Garzón y Héctor Valladarez, ambos del movimiento Revolución Ciudadana, para poner en marcha un juicio política en su contra por un supuesto incumplimiento de funciones.
"Sabíamos que los narcojuicios nacieron viciados, sin el sustento que, al menos, un proceso de este tipo requiere", afirmó la fiscal, quien el 19 de agosto pidió la reactivación del proceso, pese a que fue suspendido en mayo de este año con la finalidad de que pueda llevar su embarazo en paz.
Al darse a conocer el resultado, Salazar destacó que, durante su gestión, se ha enfocado en brindar respuestas oportunas a la ciudadanía, y afirmó que la decisión del Pleno refleja el respaldo del pueblo ecuatoriano, que, según ella, está cansado de la corrupción y la delincuencia organizada.
El legislador Valladares alegó en mayo de este año que la fiscal no ha actuado adecuadamente con relación con la información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre casos de blanqueo de dinero y lavado de activos.
El asambleísta señaló que, aunque la UAFE remitió a la Fiscalía General del Estado 97 procesos entre 2009 y 2022, solo se han llevado adelante doce causas, de las cuales apenas cinco han recibido sentencia judicial.
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"Según las declaraciones emitidas por el proponente, Héctor Valladares, una de las presuntas causa para la solicitud consiste en el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos. La Fiscalía aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión", señaló la entidad al anunciarse la solicitud de juicio político contra su titular.