Asamblea da paso a juicio político contra ministra del Interior Mónica Palencia, por incumplimiento de funciones
El pleno conoció el informe de posiciones presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político.
La Asamblea Nacional aprobó el inicio del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La moción presentada por la legisladora Sofía Espín (Revolución Ciudadana) recibió 89 votos a favor, por parte del correísmo, Partido Social Cristiano y Construye.
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Este jueves 17 de octubre de 2024, el pleno conoció el informe de posiciones presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político.
El pasado lunes 9 de octubre, la mesa legislativa no reunió los votos necesarios para aprobar el informe motivado de la sustanciación de la solicitud de juicio político planteada por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas (RC), en contra de la ministra del Interior, en el cual recomendaba al Pleno de la Asamblea continúe con la interpelación en su fase final.
En tal virtud, la Presidenta de la Comisión Pamela Aguirre remitió a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, las posiciones de los asambleístas miembros de la mesa legislativa para que fuese el Pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.
Causales de juicio político
El juicio político tiene como causales de incumplimiento de funciones por la incursión armada en la Embajada de México, del 5 de abril pasado, para capturar al exvicepresidente Jorge Glas; la falta de acciones para contrarrestar la violencia; la falta de certezas del Plan Fénix; y la fuga de Adolfo Macías, de alias “Fito”, entre otros aspectos.
“La ministra Palencia es responsable en la política de seguridad del Gobierno. Es importante que demos la oportunidad al país de que venga a enfrentar el juicio y, si nos convence, que se quede”, señaló Barrezueta ante el pleno.
Según la Comisión, Mónica Palencia, en su calidad de ministra del Interior, ha incumplido funciones al inobservar varios artículos de la Constitución, de la Ley de Seguridad Pública del Estado; del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; y de la Ley para Financiar el Conflicto Armado Interno, en su artículo 1 y 2, referente al uso de los recursos fiscales generados por el incremento del IVA para la mejora de la seguridad y combate al conflicto armado interno.
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