TCE admite denuncia de Diana Jácome contra Verónica Abad por presunta violencia política de género
Diana Jácome aseguró que Verónica Abad "no comparte los mismos valores y principios de este Gobierno".
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió la denuncia presentada por la consejera presidencial Diana Jácome contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política de género.
“La audiencia de prueba y alegatos se realizará el 30 de septiembre. Nos defenderemos en derecho y con la verdad”, aseguró Jácome en la red social X.
La convocatoria está programada para las 10:30 en el auditorio institucional del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en Quito. Sí Abad no comparece o no se justifica, la audiencia se llevará a cabo en rebeldía y su defensa será asumida por un defensor público.
Previo a la cita, la vicepresidenta, quien se encuentra en Israel como embajadora por la paz, también deberá contestar al llamado en un plazo de cinco días a partir de la emisión de la citación y presentar las pruebas de descargo.
El pasado 15 de agosto, Diana Jácome ingresó la denuncia en el TCE y pidió que se suspendan los derechos políticos de Abad.
Esto como respuesta a otra acusación que interpuso la vicepresidenta contra el presidente Daniel Noboa y funcionarios del gobierno, entre ellos Jácome, por violencia política de género. Sin embargo, el proceso quedó temporalmente paralizado tras la recusación del juez encargado de resolver la causa.
Jácome ha dicho que “la vieja política auspicia a una vicepresidenta que no camina con nosotros, que no comparte los mismos valores y principios de este Gobierno, por lo tanto, buscan todas las formas para poder atacar”.
“No vamos a permitir que se manche nuestro trabajo, nuestra hoja de vida, yo nunca he tenido una denuncia y es lamentable enfrentar este tipo de situaciones”, acotó en una reciente entrevista con Ecuador TV.
PUGNA GOBIERNO Y ABAD
El distanciamiento entre el presidente Daniel Noboa y Verónica Abad comenzó durante la campaña electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales extraordinarias de 2023 y se cristalizó tras la investidura, cuando en una de sus primeras decisiones, Noboa mandó a Abad a Israel como embajadora, un encargo que en caso de haberse negado habría abierto la puerta a su destitución.
La distancia no calmó la pugna entre ambos, pues el Gobierno votó a favor de levantarle la inmunidad para que fuese investigada por la Fiscalía en un caso de presunta corrupción en las oficinas de la Vicepresidencia, lo que no llegó a suceder por los votos en contra de la oposición.
Ese caso se inició con la denuncia de un exfuncionario de la Vicepresidencia que aseguraba haber sido contratado con la condición de ceder parte de su sueldo al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, quien fue detenido y estuvo alrededor de 20 días en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, hasta que salió en libertad bajo fianza de 20.000 dólares.
A ello se sumó después la denuncia presentada contra Abad en el TCE por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que la acusa de haber hecho campaña antes de tiempo cuando en las elecciones locales de 2023 era candidata a alcaldesa de Cuenca.
Durante su estancia en Tel Aviv, la vicepresidenta también ha denunciado encontrarse en una situación de riesgo por el conflicto en ese país y ha acusado a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, de negarle un pedido de ausentarse cinco días del cargo por motivos personales.
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