Ordenan destitución y sanciones para los consejeros del Cpccs de la 'Liga Azul'
'Liga Azul' sancionada por proselitismo político al ser candidatos para el Cpccs.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó la destitución de los consejeros de la denominada ‘Liga Azul’ del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años debido a una infracción muy grave.
La resolución se conoció la noche del pasado martes tres de septiembre. La institución electoral aceptó la denuncia interpuesta por el Observatorio de Control Ciudadano, puesto que los implicados recibieron apoyo frontal por parte del correísmo en las elecciones del 2023.
El TCE declaró la responsabilidad de Augusto Verduga y Yadira Saltos, consejeros principales del Cpccs, por el cometimiento de una infracción electoral muy grave. Lo mismo ocurrió con Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor, consejeros suplentes.
Ellos realizaron campaña para promocionar su imagen personal junto a la Revolución Ciudadana (RC), pese a que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social prohíbe que los partidos o movimientos políticos realicen actos de proselitismo a favor o en contra de los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana.
Entre las pruebas que constan en el expediente están imágenes promocionales en las que se observa a los acusados pidiendo el voto de la gente con los colores de la organización correísta. Además, hay un video con el expresidente Rafael Correa.
De hecho, Augusto Verduga sonó como uno de los posibles candidatos del correísmo para las próximas elecciones presidenciales. Mientras que Eduardo Franco Loor siempre ha sido cercano a la RC, fue abogado de Jorge Glas y se lo ha visto junto a personajes como Luisa González.
Es así que el TCE sancionó a la ‘Liga Azul’ por hacer proselitismo político al ser candidatos para el Cpccs con el pago de 70 salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.
La resolución podría ser apelada hasta tres días después de notificarse y esta segunda instancia debe ser resuelta en 10 días contados desde la admisión. Una vez que la sentencia quede en firme, los implicados deberán abandonar sus cargos.
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