El Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió este martes la realización en México e Israel del referéndum convocado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el que se someterá a consulta reformas sobre seguridad, justicia y empleo, y cuya votación se llevará a cabo este domingo.
Tras conocer las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el pleno del CNE aprobó la suspensión de la votación en Tel Aviv (Israel) debido al conflicto bélico registrado en ese país, "que impide garantizar la seguridad, tanto de los 298 ecuatorianos empadronados, como de los funcionarios de la Embajada".
Verónica Abad, la vicepresidenta de Ecuador, es, además, embajadora de Ecuador en Israel, por disposición del jefe de Estado, Daniel Noboa.
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La votación tampoco se hará en Ciudad de México, que tiene 1.243 empadronados, ni en Monterrey, con 95 empadronados, "al no existir el tiempo suficiente para realizar una transferencia de recursos económicos para contratar seguridad privada y asegurar el sufragio de los ecuatorianos en ese país", explicó el CNE en un comunicado.
México suspendió unilateralmente las relaciones con Ecuador tras el asalto policial a su Embajada en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, el mismo día en que recibió el asilo político del Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
Glas es investigado por la justicia por presunto peculado (malversación de fondos públicos), y aún debe terminar de cumplir una pena de ocho años por otros dos casos de corrupción, de los que ya cumplió cerca de cinco en prisión, entre 2017 y 2022.
Glas había ingresado en la Embajada de México el pasado 17 de diciembre, cuando no pesaba sobre él ninguna orden de prisión, y tres días después pidió asilo aduciendo ser perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados el próximo domingo a las urnas para votar en un referéndum sobre temas de seguridad, justicia y empleo.
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Entre las preguntas figuran la posibilidad de que los militares apoyen de forma permanente a la Policía en el control de la seguridad del país y la extradición de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, entre otros temas como el reconocimiento de arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción y los contratos laborales por horas.