Debate presidencial 2025: Narcoacusaciones, carteles y 'muppets' opacaron las propuestas en seguridad
Los 20 minutos del segmento de seguridad no contribuyeron datos que permitan a un votante indeciso o un potencial nulo elegir una propuesta programática en el tema que más preocupa a los ecuatorianos: la criminalidad.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El debate se reduce a un ejercicio de violencia verbal . El presidente Daniel Noboa invocó a la figura de la Rana René en alusión a los chats del caso Ligados , que mencionan con ese nombre a su oponente Luisa González. Ella, a su vez, sacó dos ases bajo la manga: mencionó que Noboa Trading es investigada para exportar droga en plátano. Y acusó a la directora de la organización política de Noboa, ADN, María Moreno , de tener una investigación fiscal en curso por tráfico de sustancias.
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Ecuador es el país más violento de América Latina. Sin embargo, las intervenciones de los dos finalistas al balotaje del 13 de abril –condensadas en el debate del domingo 23 de marzo- no aportaron propuestas ni soluciones concretas, de cara hacia los electores.
Los 20 minutos del segmento de seguridad no aportaron datos que permitan a un votante indeciso o un potencial nulo elegir una propuesta programática en el tema que más preocupa a los ecuatorianos: la criminalidad.
Era previsible que la finalista Luisa González adoptara el rol de interpelante de un presidente candidato, que ya lleva más de un año en el poder. Ella llevó el papel al extremo, al punto que al final de los 120 minutos, había calificado a Noboa de majadero en más de cuatro ocasiones; lo había cuestionado por tener síndrome de déficit de atención. Y le había señalado por maltratar a mujeres, mencionando inclusive al círculo familiar del presidente.
Casi al inicio del debate, González exhortó a su contrincante a someterse a una prueba “antidopping” . Él, en forma reiterativa, mencionó a la tabla de drogas, que fue instaurada durante el correísmo, como uno de los factores responsables del incremento del consumo entre los jóvenes. No era una confrontación de ideas, sino un cruce de acusaciones. A lo largo del debate, la mayor carga de agresividad la tuvo la candidata.
EL TIROTEO VERBAL MARCÓ EL DEBATE
Noboa exhortó a su contrincante a reconocer que el exasambleísta, hoy prófugo, Ronny Aleaga fue parte de las filas de la Revolución Ciudadana. “Yo misma lo expulsé”, replicó ella, admitiendo que había caído en prácticas ilegales. Y contraatacó: acusó al movimiento gobernante, ADN, de haber comprado la organización política a Leonardo Cortázar, otra figura investigada por tramas de corrupción. Cortázar fue detenido en Panamá tres días antes del debate.
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Tanto Aleaga como Cortázar aparecen en una foto icónica, en la piscina de una casa en Florida. Quien reveló esa imagen fue el exasambleísta y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.
La verdad es que en marzo de 2024, Ronny Aleaga anunció su desafiliación de filas de la Revolución Ciudadana, luego de haber sido vinculado al caso Metástasis. En los chats que dieron origen a esa investigación, a Aleaga se lo conoce como el Ruso. Él sería el eslabón político de una estructura criminal que se infiltra en estamentos del Estado.
Pero el guión de González no bajó de tono, más bien subió su estrategia de ataque. En esa línea, acusó a la presidenta de ADN, de quien dijo también es directiva en varias empresas del grupo familiar de Noboa, de tener vinculación con una causa de narcotráfico. En tono exhortativo, pedía a los espectadores que googlearan los nombres y apellidos de la ciudadana en cuestión: María Moreno.
La acusación se haría reiterativa a lo largo del debate. El sistema de búsquedas de Fiscalía es una base de datos de acceso público y abierto. En él aparece una investigación abierta el primer día de agosto de 2024, en la Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional, por el presunto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, contra una ciudadana con esos nombres.
CASO LIGADOS, LA RANA RENÉ Y NOBOA TRADING
Daniel Noboa trajo una colación el contenido de los chats del caso “Ligados” . Esta investigación fiscal, revelada semanas antes, indaga el presunto delito de asociación ilícita . Lo habrían cometido exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en un intento por nombrar al Superintendente de Bancos. Estaba en juego el control de cuatro direcciones estratégicas de esa entidad. Esas direcciones tienen a su cargo investigaciones claves relacionadas con el lavado de activos.
Los chats fueron extraídos de los teléfonos celulares incautados al entonces consejero Sócrates Augusto Verduga . En las conversaciones, él utiliza el sobrenombre Mónica Ertl, militante y guerrillera de origen alemán y boliviano.
De esos chats revelados por la Fiscalía se desprende que la hoy finalista al balotaje Luisa González habría sido identificada como “Rana René”.
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La insistencia de Noboa frente al tema terminó por sacar de casillas a su oponente. “Rana sí, pero no del cartel de los sapos” , respondió exaltada. Las redes sociales explotaron de mensajes que interpretaban esa respuesta como la tácita aceptación de que González se reconocía con ese apelativo.
El contraataque de González se centró en una pregunta: consultó a Noboa si la firma Noboa Trading es de su propiedad. Se refirió a esta empresa, afirmando que está bajo investigación por llevar cargamentos de droga en plátano, en 2020, 2022 y 2024, según repitió. Dijo que cinco fiscales habían investigado el caso.
Noboa Trading no es de su propiedad, pero sí de su grupo familiar, contestó Noboa, al aseverar que los directivos están colaborando con todo lo referente a la investigación fiscal.
Este medio consultó a tres expertos, un analista de comercio exterior y dos investigadores en temas de seguridad, sobre la posibilidad de que un cargamento de fruta pueda ser contaminado con droga, sea en contenedor o en altamar, por grupos de delincuencia organizados, sin conocimiento ni participación de personas de una empresa.
“Ése es precisamente el objetivo de la investigación fiscal, conocer el nivel de participación, porque las organizaciones narcodelictivas se especializan en contaminar contenedores marítimos o en introducir la droga en altamar”, coincidieron.
POLICÍA Y FUERZAS ARMANDAS
El Plan Fénix fue anunciado por Daniel Noboa al inicio de su mandato como una brújula para salir del camino de la violencia. En esa línea, el mandatario tuvo el aval para subir en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA), para financiar los gastos de la guerra interna, que su gobierno decretó en enero de 2024.
Parte de esa estrategia fue convocar el apoyo de los militares en las calles y decretar estados de excepción que han ido renovando sucesivamente. A inicios de marzo, se renovó por 30 días más la restricción de tránsito en varios cantones, entre ellos, Shushufindi y Lago Agrio. En ellos la movilidad está restringida entre las diez de la noche y las cinco de la mañana. Sin embargo, las autoridades locales han pedido revisar esa medida, porque afecta a la economía de la población.
Su contradictora en el debate lo acusó de haber ofrecido la compra de equipamiento, sin cumplir su palabra; de reducir el presupuesto de militares y fuerza pública. “La Policía busca dónde dormir y cómo comer”.
Noboa desmintió esas acusaciones. Advirtió que su gobierno pagó la deuda histórica con la seguridad social de la Policía y las Fuerzas Armadas. Y que anunció en los siguientes días entregará un bono especial para estas últimas, sobre todo para la tropa, por su trabajo en la lucha contra el crimen. Eso, en respuesta a las acusaciones de su oponente de que al traer a fuerzas del extranjero estaría humillando a los uniformados ecuatorianos.
Noboa aseveró que en 2024 la tasa de homicidios bajó en 16 por ciento, si se compara con la tasa de 2023. La tasa representa el número de muertes intencionales por cada cien mil habitantes.
La estrategia del Bloque de Seguridad integra a policía y militares, junto con los ministerios del interior y defensa, para el combate conjunto a la violencia. Con base en esa estrategia se capturaron cuadros de alto valor, como integrantes de los grupos Los Lobos y de Comandos de la Frontera.
El riesgo de volver permanentemente una respuesta militar, sin embargo, podría implicar exceso en la aplicación de la fuerza.
“Grupos de derechos humanos han levantado la alarma, asociando el enfoque de mano dura del gobierno con violaciones de las libertades civiles, tanto en las calles como en las prisiones”, alerta un análisis del medio internacional The Conversation, que resalta que Ecuador estuvo 250 días bajo estado de emergencia en 2024.
Este mismo informe sugiere que deben presentarse medidas preventivas para evitar que los jóvenes ingresen en los grupos criminales.
No hubo intercambio de ideas sobre las políticas de rehabilitación. No se habló de las cárceles. La única alusión la hizo Noboa: mencionó que el programa de alimentación en prisiones estuvo en manos de altos cuadros del correísmo.
Ni una palabra de los cuestionamientos de organismos de derechos humanos sobre las condiciones de vida en las prisiones. Ni sobre las muertes por enfermedades altamente transmisibles, como la tuberculosis.
Durante el debate de cara al balotaje no se discutieron puntos sensibles del plan de seguridad.
En última instancia, hubo déficit de propuestas, de lado y lado en el tema que más preocupa a los electores. “Hay que ser serios: un proyecto de trabajo se defiende con razones y soluciones país, no con ruido, ataques y enojos”, explicó a Vistazo el jurista y constitucionalista José Chalco Salgado, a manera de balance.
EL RECONOCIMIENTO DE NICOLÁS MADURO
Ante la insistencia de Noboa, la candidata del correísmo afirmó que sí reconocería al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. En su respuesta dio a entender que con ese reconocimiento, corregiría los efectos de un decreto perjudicial, aplicado por el gobierno de Noboa. En las redes se multiplicaron comentarios que calificaban de “xenófoba” a la respuesta de González.
“Luisa queda como una gran xenófoba, mencionando el decreto 370, dice que nos quitan los empleos, siembran violencia y anuncia deportaciones”, advirtió en su cuenta en X la académica Cristina Burneo Salazar.
“Los venezolanos, regulares o no, no son delincuentes. Han migrado por culpa de un modelo político que destruyó su país, el mismo que Luisa González defiende. Los delitos que comete cualquier persona son individuales, no de una nacionalidad”, afirmó Juan Fernando Flores quien fue asambleísta entre 2021 y 2023.
El presidente y candidato Daniel Noboa le había preguntado a su oponente las razones por las cuales la empresa PDV, la estatal de petróleos de Venezuela, estaría pagando sueldo a Heriberto Glas y a Rafael Correa. "¿Es que son empleados de Maduro?", cuestionó.
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