Tres jueces de Chimborazo sentenciaron al policía Santiago Olmedo a tres años cuatro meses de prisión por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Olmedo defendió a un joven que era atacado por dos delincuentes y cuando ellos intentaban escapar en la persecución los mató. En su defensa ha argumentado que temió por su vida, pues lo amenazaron con un arma de fuego.La sentencia ha desatado una ola de indignación, por considerar que mientras los delincuentes no se detienen a matar a las víctimas en robos pequeños como celulares, la policía está en desventaja. Mientras se conocía la sentencia, al medio día el sargento de policía Freddy Laaz fue acribillado por evitar un robo en un local de comida en Guayaquil. ¿Quién controla a quién?
Los jueces y la Fiscalía han argumentado que se aplicó la Ley en el caso de Santiago Olmedo. Para justificar el uso de la fuerza se necesita que ocurran tres condiciones: flagrancia, uso progresivo de la fuerza, riesgo a la vida del servidor o de otra persona. Si no están las tres condiciones se considera que existe extralimitación de funciones. En este caso hubo flagrancia y Olmedo asegura que se identificó como policía y que tuvo miedo por su vida. Hay la evidencia de flagrancia en los videos públicos, pero desafortunadamente para Olmedo lo que ocurrió después no puede ser verificado porque no hay videos de la persecución. Además, habría disparado 12 tiros contra los delincuentes. Sin embargo, abona a su favor que estando vestido de civil acudió en auxilio de un tercero, que era atacado y el riesgo personal que tuvo pues era uno contra tres delincuentes, según su versión.
Por los abusos que históricamente han cometido algunos miembros de cuerpos del orden, desde 1990 las Naciones Unidas obliga a los estados que se aseguren que no haya uso abusivo de las armas de fuego, excepto cuando hay circunstancias excepcionales para la estabilidad política. En Ecuador, hemos ido al otro extremo, como ocurrió en 2019, donde el control fue tomado por los manifestantes ante la casi inacción de las fuerzas del orden, en especial del Ejército por las limitaciones legales. O en las cárceles, donde delincuentes pueden ejecutar a otros presos, porque no pueden ingresar ni la Policía ni las Fuerzas Armadas. Hay que revisar las prohibiciones legales existentes para que, sin permitir un abuso policial o militar, los encargados de la seguridad tengan la capacidad de responder a organizaciones criminales que cuentan con poder letal, sin el temor de que si actúan sean perseguidos.
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