La Corte Constitucional acaba de definir que algunos artículos de la reforma a la Ley de Educación Intercultural, aprobados en las horas finales del gobierno de Lenín Moreno, son inconstitucionales porque se elaboraron sin un estudio actuarial que determine la sostenibilidad financiera para cubrir los beneficios de dicha Ley. Se ha estimado que se requieren al menos 3.000 millones de dólares de ingresos permanentes con este propósito. La Ley estipulaba un salario mínimo de 1.000 dólares para los maestros y la jubilación anticipada,una vez que se hubiese hecho 300 aportaciones, sin importar la edad que hubiera cumplido el maestro, lo que en la práctica significa 25 años de aportes. Esto hubiese significado una monumental carga adicional a la ya insostenible situación financiera del IESS.
Por justas que puedan ser las aspiraciones de los maestros,la posición de la Corte Constitucional es correcta. Ecuador necesita erradicar la malsana costumbre de crear prebendas sin que exista el soporte económico para sustentarlas. Hay ejemplos escalofriantes de las consecuencias de este error: el sistema de salud del IESS está quebrado porque se incorporó sin aportación adicional alguna a más de 900 mil personas, los hijos menores de 18 años de los afiliados. Esto desbordó la capacidad operativa delos servicios y perjudicó a quienes debían recibir el mismo: los afiliados. Por otro lado, aprobar la jubilación a los 25 años de aportes de los maestros será otra avalancha financiera para sepultar al IESS. Uno de los problemas estructurales del IESS es que las 360 aportaciones que se requieren de sus afiliados apenas financian un 20 por ciento de su jubilación. Y el salario mínimo de 1.000 dólares para los maestros duplicará la masa salarial, en una época donde hay crisis y escasez.
Los recursos del Estado y del IESS no son infinitos y esto debe entenderse antes de aprobar reformas que garantizan derechos sin el debido financiamiento. Por nobles que sean las causas, la realidad es que, para sostener los beneficios en el tiempo, se requiere que haya financiamiento. La Corte ha devuelto la Ley a la Asamblea para que con estudios actuariales se determine su sustento. Basta ya de la demagogia que engaña a unos y sacrifica a otros.
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