El Ecuador no permite a México congelar el caso Glas
Con determinación, la Ministra del Interior, de quien dependen las fuerzas del orden en Ecuador, formalizó un pedido para proceder con la detención del exvicepresidente y hoy prófugo de la justicia, Jorge Glas Espinel. Este pedido lo materializó a través de la Cancillería, responsable del manejo de la política exterior, por lo que se debe reconocer y celebrar esta cooperación interinstitucional.
En resumen, está claro que el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere otorgar el asilo a tan controvertida figura; sería un verdadero suicidio político, más ahora que se encuentra atravesando un grave escándalo de corrupción en donde vídeos escondidos muestran a su propio hermano recibiendo sobres con fajos de dinero a nombre del Presidente.
Recordemos además que México está próximo a iniciar su proceso electoral y lo último que se quiere es que la campaña verse sobre temas ajenos a su política interna y que, de todos los asuntos, se enfoque la temática en la protección a figuras acusadas y sentenciadas por corrupción.
La figura del asilo se encuentra regulada a través de la Convención de Caracas de 1954, que expresamente prohíbe a un país otorgar esta condición cuando se trate de delincuencia común, como es el caso.
De igual forma, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 22, dispone el principio de la inviolabilidad de los locales de la misión.
En la misiva que envió la Cancillería, se menciona a la primera convención, no así a la segunda. En todo caso, el mensaje político es muy claro: México no debería interferir con la justicia ecuatoriana y, por el contrario, debería colaborar como se espera entre dos países amigos.
Personalmente, estoy seguro de que México no aceptará la petición del ingreso de las fuerzas del orden para arrestar a Glas; sería el primero en sorprenderme y celebrar de ser el caso. Sin embargo, es de destacar como muy relevante que el gobierno de Ecuador haya decidido no permitir que este caso se quede en la congeladora, y en un nuevo indefinido purgatorio de impunidad, como fue el caso de la también correísta exministra María de los Ángeles Duarte, para que no se repita lo que fue esa inventada y antijurídica condición de 'huésped' en la Embajada Argentina hasta que decidió darse a la fuga.
Nuestro país merece respeto; los prófugos de la justicia no pueden creer que cuentan con patente de corso para delinquir y, sobre todo, para luego intentar consolidar su impunidad a través de ejecutivos de gobiernos ideológicamente afines que primen lo ideológico por sobre la moral, la justicia y la razón de estado.
Aplaudo el actuar conjunto del Ministerio del Interior y del servicio exterior en esta causa.
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