El círculo cercano a Daniel Noboa reconoce, puertas adentro, el gran error de no haber denunciado con fuerza el golpe a la gobernabilidad que supuso la aprobación de la última reforma constitucional. Nuestro caótico sistema retrocedió 30 años.
En adelante, la Asamblea ya no necesitará las dos terceras partes del hemiciclo para tumbarse un veto parcial del Ejecutivo, durante la aprobación de una ley. Basta con que la oposición solo cuente con mayoría simple, para imponer sus tesis y terminar gobernando por encima del propio presidente.
Noboa es hoy mucho más débil institucionalmente que hace dos meses. Y si él gana la reelección, su fortaleza, por más alta votación popular que exhiba, seguirá menguada a menos que logre colocar en la próxima Asamblea de 151 curules, 76 legisladores propios. Algo muy poco probable, dada la dispersión característica de nuestra política.
Aquello significa que será mucho más fácil y rentable que dos, tres o cuatro bancadas se alíen con el único incentivo de arrinconar a Carondelet, cualquiera fuere su inquilino, para imponer su agenda, casi siempre plagada de demagogia y chantaje.
El sistema democrático ecuatoriano, por sus leyes y cultura, es proclive a tener un sinnúmero de actores políticos profundamente irresponsables. Dentro de esa estela, el Presidente de la República suele ser el menos irresponsable porque es a la única figura que, a la larga, se le aplica algún método de rendición de cuentas y sanción popular, lo que le obliga a proceder con algo de sensatez en la formación de leyes y la política pública. En la Asamblea, que si bien tiene bajos niveles de aceptación, las culpas se diluyen entre los honorables al punto de que la reelección de estos no es un desafío de proporciones.
El equipo de ministros y asesores que rodea a Noboa asegura que la reforma constitucional para disminuir el peso del veto presidencial es otro de los hechos que describen la ruptura del pacto con el correísmo y el PSC. En ese sentido, el Presidente hizo muy mal en no haber alertado a la población sobre ese cambio.
La improvisación y la falta de una estrategia política merman las cualidades de un gobernante que va siete meses en el poder sin lograr asentarse de forma definitiva.
Sus pataletas de las últimas horas, por cómo los parlamentarios manejan las leyes derivadas de la consulta popular, servirán de muy poco porque desde que Noboa rompió con sus socios, casi todas las votaciones las ha perdido con unos 90 votos en contra. Este o cualquier otro presidente estará obligado a pensar siempre en el veto total que pone a las leyes (muchas de ellas importantes y necesarias) en el congelador por un año, sin la garantía de que luego de ese período la correlación de fuerzas cambie.
La prensa, los analistas y los cientistas sociales no han abordado esta reforma con la debida preocupación, pues eliminar la fuerza del veto presidencial obligaba a los proponentes de la misma, por ejemplo, a sugerir las elecciones parlamentarias en segunda vuelta, para reducir la dispersión en la Asamblea.
Como esto nunca va a suceder, no sería descabellado que el próximo mandatario tenga que plantear a una asamblea constituyente, con los riesgos que esto conlleva.