Teoría de la demolición
Micrófonos para afuera, el presidente Daniel Noboa y el correísmo se venden como archienemigos. Al punto, incluso, de bloquear la legislación que necesita el país.
Cuando las grabadoras se apagan, vuelven a negociar y llegan a los acuerdos. Sobre todo, en temas tan delicados como, por ejemplo, la administración de la justicia.
Las coincidencias entre el Gobierno y la Revolución Ciudadana sorprendieron a muchos el miércoles 10 de julio, cuando desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se puso en marcha una operación política descarada para anular la designación de Dunia Martínez como vocal presidenta de la Judicatura y poner, en su lugar, a Mario Godoy. Todo esto con el voto de reconsideración de Juan Esteban Guarderas, otrora figura emblemática del anticorreísmo y la lucha contra la corrupción. Hoy, dicen sus detractores, responde a las órdenes del Ejecutivo.
El correísmo, finalmente, vuelve a controlar la justicia. Y mientras los resultados de esta enorme cuota de poder se hacen públicos y notorios, el presidente Noboa seguirá con sus críticas y sátiras ácidas contra la Revolución Ciudadana.
Ya los ha llamado mafiosos en anteriores oportunidades. Pero también ha votado con ellos, por ejemplo, en la aprobación del informe político edulcorado de la comisión ocasional sobre el crimen de Fernando Villavicencio, al punto de señalarse, sin un solo glóbulo de rubor en las mejillas, que ese asesinato fue producto de la ola de violencia que vive el país y no de las mafias a las que tanto apuntan en sus discursos los políticos del nuevo Ecuador.
Se podría concluir, nuevamente, que Noboa y Rafael Correa tienen un pacto bajo la mesa. Pero hasta que procese este nuevo escenario de ‘gobernabilidad’, el Régimen denuncia ante la Fiscalía al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a su hermano por tráfico de combustibles.
A menos que el dignatario de la ciudad más poblada del país le importe un comino a la Revolución Ciudadana, la acción legal tomada por Carondelet tiraría al suelo cualquier nuevo acercamiento.
Analistas insisten en que la Presidencia midió los tiempos precisos para gestionar esta gravísima denuncia a fin de que la gente hablara de ello y se olvidara de la toma conjunta de la justicia. Algo similar a lo que, según el relato de uno de sus integrantes, hizo el Gobierno con la periodista cubana Alondra Santiago. Es decir, retirarle la visa de amparo y presionar por su salida del país, para que el decreto de incremento de los combustibles no copara la conversación.
Otros expertos, más enfocados en el cálculo electoral, señalan que si el candidato-presidente Daniel Noboa luce más anticorreísta, puede polarizar la campaña venidera para que el miedo a que regrese Correa lo favorezca en las urnas.
Se tejen escenarios, hipótesis y trapacerías para todos los gustos. El problema radica en que mientras el país descubre el plan de fondo, la demolición institucional avanza con mayor furia que la erosión en el río Coca.
Y que cuando solo haya que repartir despojos, Noboa se quedará con la Presidencia y Correa con la justicia. Ese es el mejor de sus mundos.
