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Alfredo Pinoargote

Quiebras

viernes, 22 mayo 2020 - 08:28
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    POR ALFREDO PINOARGOTE
     
    Aunque la ciudadanía tiene la impresión que la mayoría de legisladores habita otro planeta, el  proyecto correísticamente llamado humanitario que impone impuestos a los  damnificados convocados a reactivar la  economía, muestra que por lo menos en  el olfato ponen los pies sobre la tierra.
     
    El proyecto de ley contempla una reforma al tortuoso camino del concurso  de acreedores que conduce a la quiebra  de un negocio. Lo simplifica de tal forma  que la quiebra dejará de ser una suerte  de estigma como es ahora, para convertirla en lo que realmente es, el resultado  de un mal negocio no porque el emprendedor haya ejecutado procedimientos  fraudulentos sino porque es una opción, no deseada por supuesto, para todo negocio. Como es en otros países como EE.UU., donde se puede encontrar  empresas actualmente exitosas que en  algún momento quebraron por avatares  económicos. 
     
    Pero en el contexto actual de catástrofe económica con paralización  de negocios es un mal presagio para  el proyecto urgente humanitario, que  crea un impuesto especial a las empresas que lograron al menos un millón de dólares de utilidades en 2019.  Pues tres consecuencias habría por la  creación de este tributo. Primero que  se afecta la recaudación sobre el 2019  que recién empezaba, ya que aún hay  tiempo de modificar a la baja las declaraciones. La segunda es que evidentemente no se logrará la recaudación prevista, sino sensibles bajas  en impuesto a la renta, IVA, y salida  de divisas 2020. Bajas que sumadas  triplicarían los 500 millones que se  piensa recaudar con nuevos tributos.  Y la tercera es la peor, que en efecto  se realice el mal presagio, ocurra una  cascada de quiebras que echen al tacho de la basura una recuperación  económica para la que el tributo resta capital de trabajo y flujo para pagar  el rol de empleados también sometidos a tributar solidariamente.
     
    Ante semejante panorama resulta inexplicable que los llamados partidos de oposición de derecha no rechacen el proyecto, y se limitan a  sugerir enmiendas por Internet para  que finalmente llegue al veto modificatorio del Presidente.
     
    Entre tanto correísmo y morenismo se machihembran apoyándolo  porque consagra un modelo económico de preponderancia estatal, que  convierte al ciudadano en un esclavo que mantiene una tónica adictiva  de despilfarro clientelista que podría  hundir al Ecuador en el sitial de una  nueva Venezuela.
     
    Este panorama político deviene impresentable para una república  que debe resetearse ante la catástrofe sanitaria que paralizó la economía y ofrece una oportunidad histórica de cambio. La infeliz iniciativa de  gravar a ciudadanos y empresas damnificadas evoca las repercusiones de  los despilfarros de la monarquía absoluta en la revolución francesa, de  la guerra del té en la independencia  de EE.UU. y de la guerra de las alcabalas en la liberación iberoamericana  del yugo español.
     
    Pero hoy el coronavirus tiene bajo arresto domiciliario al derecho a la  resistencia. 

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