¿Por qué no invierten en Ecuador?
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En esta década, han experimentado constantemente con el intervencionismo estatal bajo la creencia de que el gobierno puede moldear la
sociedad a su antojo. Se buscó la construcción de una sociedad del conocimiento y la transformación de la matriz productiva. Léase, dejar de producir banano y flores para dedicarnos a microchips y petroquímica.
El Código de la Producción creó incentivos tributarios para los sectores “ganadores” a los que se quiso proteger encareciendo la compra de bienes importados. Algunos años más tarde, se aprobó la Ley de Alianzas Público Privadas que introdujo más incentivos para que las empresas traigan sus capitales al país y los inviertan en actividades productivas.
El fracaso de esta política fue rotundo. Mientras que en los seis años iniciales de la dolarización la inversión privada creció en 21 por ciento anual, en la última década esta apenas se incrementó en cuatro por ciento anual.
Se llega a la misma conclusión si observamos cómo, en el mismo periodo, Ecuador fue el único país de la región andina en donde se redujo la inversión extranjera a 0,9 por ciento del PIB mientras que en Perú aumentó a 4,9 por ciento, Chile a 3,0 por ciento y Bolivia a 3,5 por ciento. ¿Por qué el Ecuador no es atractivo para inversionistas nacionales ni extranjeros?
El problema es que el gobierno no ha entendido qué motiva al emprendedor a asumir riesgos. No son las prebendas que se logran a través de incrementos arancelarios y restricciones al comercio que crean mercados cautivos. Ni siquiera los incentivos tributarios a las inversiones escogidas como “ganadoras”.
Lo que buscan los emprendedores es seguridad en las reglas del juego e igualdad ante la ley. Los inversionistas quieren estar seguros de que el gobierno conoce su rol de generar productividad sistémica a través de la obra pública y de defender la propiedad privada.
Por naturaleza, la actividad empresarial está llena de incertidumbre: ¿cómo reaccionará el consumidor?, ¿habrá interrupciones en la cadena de suministro?, etc. El problema es cuando el gobierno se transforma en la mayor fuente de inseguridad al intervenir en los mercados a su antojo, imponiendo: qué producir, dónde producir, qué consumir o cuánto importar.
Ahora se suma la decisión de terminar con los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones argumentando que le han costado al Estado más de $ 12 mil millones en demandas. Este argumento equivale a destruir una báscula porque marca que tenemos sobrepeso. El gobierno ecuatoriano tiene un récord de incumplimiento de contratos, cambios permanentes en las reglas del juego y baja independencia de la función judicial. Dejemos de experimentar. Recomiendo al nuevo gobierno una fórmula probada para impulsar la inversión: reglas claras y menos intervencionismo estatal.
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