Este es un país enamorado del autoritarismo. A todo nivel, los ciudadanos sueñan con un líder fuerte que elimine todos los males, vengue las inequidades y traiga la prosperidad. A cambio de otorgar poder ilimitado a un líder carismático, están dispuestos a renunciar a su libertad. Lo preocupante es que esta entrega ciega olvida que el autoritarismo conlleva el irrespeto a las instituciones de la democracia liberal, un arma que eventualmente podría volverse en contra de la misma población. Sin pesos ni contrapesos, todos quedamos indefensos.
Daniel Noboa ha sabido captar este anhelo popular en un momento de crisis e inseguridad. Presentándose como un líder enérgico y decidido, en una coyuntura donde tales cualidades parecen valiosas, Noboa también enfrenta la responsabilidad de actuar dentro del marco legal y respetar las instituciones establecidas. Lo que inicialmente podría percibirse como determinación y vigor en la gestión gubernamental, puede tornarse en arbitrariedad y desprecio por el Estado de derecho si no se maneja con cautela.
Las recientes acciones de su gobierno levantan señales de alerta sobre posibles excesos futuros. Recién posesionado, el presidente Noboa “solucionó” su conflicto con la vicepresidenta Verónica Abad borrándola de la esfera política nacional al encargarla como embajadora por la paz en Israel, un país bajo bombardeo continuo. Frente al ilegal asilo otorgado por México al exvicepresidente Jorge Glas, el gobierno autorizó una incursión violenta en la embajada de ese país en Quito y la detención, también ilegal, del prófugo de la justicia. Frente a los apagones que se repitieron en abril, enjuició a su propia ministra de Energía, Andrea Arrobo, por paralización de servicio público y traición a la patria (lo que podría llevarla a prisión por hasta 13 años). María Paula Romo, líder de oposición, acusa al presidente Noboa de haber presionado al Tribunal Electoral para la eliminación de su partido del registro electoral por un incumplimiento administrativo.
Noboa insiste que su gobierno representa a la mayoría, pero es esencial recordar que el ejercicio del poder democrático no se limita a la mayoría, sino que debe respetar los derechos y libertades de todas las personas, incluso de las minorías. La legitimidad de un gobierno no radica únicamente en su origen electoral, sino en su compromiso con el Estado de derecho y el respeto a los principios democráticos.
Es crucial mantener la vigilancia y la crítica constructiva frente a cualquier indicio de autoritarismo. La historia nos enseña que ceder ante los impulsos autoritarios solo conduce a un deterioro de las libertades individuales y al debilitamiento de las instituciones democráticas. En lugar de repetir errores del pasado, debemos recordar que el gobierno debe regirse por las leyes y no por los caprichos de un líder.
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