Sector camaronero demanda mayor seguridad para la actividad
Los ataques delincuenciales al sector camaronero se dan por vía fluvial y terrestre. Las provincias afectadas por la inseguridad son Guayas, El Oro y Manabí.
Desde hace algunos años la industria camaronera ecuatoriana viene afrontando un grave problema de inseguridad en toda su cadena productiva. De acuerdo con los registros de la Dirección de Seguridad de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), del 2017 al 2020 se registraron al menos 12 muertes violentas relacionadas al sector, más de 90 heridos en cerca de 200 actos delictivos y pérdidas de producto superiores a los 4,5 millones de dólares.
En lo que va del 2022, no se han reportado actos delictivos a la Dirección de Seguridad de la CNA por parte de sus empresas afiliadas. Sin embargo, el año pasado se contabilizaron 13 casos en Guayas en vías terrestres y fluviales que dejaron pérdidas por 250.000 dólares, así como tres heridos por armas de fuego y cuatro personas contusas. Ese mismo año, la policía desarticuló seis organizaciones delictivas que atentaron contra embarcaciones y transportes de carga de producto.
Las provincias afectadas por la delincuencia son: Guayas (77%), El Oro (22%) y Manabí (1%). Los ataques se dan por vía fluvial (70%), terrestre (25%) y en isla (5%). En territorio guayasense, por ejemplo, las organizaciones delictivas operan en los ejes viales: Durán-Tambo, Durán-Boliche, Taura-Churute, Km 26 Naranjal-Recinto 100 filas, Balao y Tenguel, donde se registran robos y asaltos a camiones de balanceado, mientras que en los espacios acuáticos hay 11 puntos en el Golfo de Guayaquil donde hay mayor incidencia de asaltos y robos de embarcaciones. Mientras que en El Oro se contabilizan robos de motores fuera de borda y equipos de comunicación o rastreo, los cuales son comercializados ilegalmente a Perú.
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Actualmente, la Cámara Nacional de Acuacultura solo registra los reportes de eventos delictivos en contra de sus afiliados, por lo que estos índices son referenciales, y hay la posibilidad de que un mayor número de delitos estén registrados en los indicadores de la Policía y en las denuncias presentadas en Fiscalía.
Esfuerzos privados
Desde el 2017, según detalla la CNA, el sector camaronero destina anualmente más de 60 millones de dólares por concepto de seguridad. La inversión incluye: contratación de guardias, cámaras de video vigilancia, equipos de monitoreo y rastreo; sistemas de comunicación, infraestructura, entre otros rubros que hoy llegan hasta los 80 millones de dólares.
Mónica Román, socia de la Cámara de Productores de Camarón de El Oro y productora archipiélago de Jambelí, señala que a pesar de la gran necesidad que hay en materia de seguridad, lamentablemente no todos los productores, especialmente los pequeños, están en capacidad de afrontar los gastos que esto conlleva.
Instalar una cámara de vigilancia más una torre de 30 o 40 metros, por ejemplo, puede costar entre 50 y 60 mil dólares; mientras que la contratación de un guardia privado puede llegar a 1.900 dólares mensuales por turno.
Un ejemplo de cómo el sector privado se ha unido para volver más segura la actividad es el accionar de la Asociación de Camaroneros Fronterizos de Huaquillas, (ASOCAM), esta agrupación conformada por 138 socios comenzó en el 2019 una iniciativa para brindar seguridad y monitoreo a las más de 1.000 hectáreas de camaroneras en el archipiélago de Jambelí.
Su presidente, Edison Villavicencio, cuenta que viendo el riesgo que los socios vivían a diario se organizaron y con autogestión desarrollaron un proyecto, que en cuatro etapas dotará de 25 cámaras al archipiélago. La primera ya está en marcha con el funcionamiento de cuatro cámaras, las cuales son monitoreadas 24/7 a doble turno. Las llamadas de auxilio son atendidas por la Infantería de Marina, pues recalca que su acción es disuasiva y no busca enfrentamientos con los delincuentes.
La ASOCAM cuenta además con personal de seguridad y cuatro botes con motores rápidos con los que custodian las embarcaciones de los agremiados que salen con carga y auxilian a los botes de turismo. Para mayo próximo entrará en funcionamiento la segunda etapa del proyecto con la instalación de 11 equipos más, con los que se espera cubrir los rincones con más problemas de la isla. Villavicencio señala que gracias a este trabajo se ha logrado reducir en un 80 por ciento los actos delincuenciales.
“La inseguridad nos afectaba muchísimo nos robaban los motores, se metían en las fincas, nos atarrayaban y se llevaban los equipos y la producción dejándonos a veces sin nada... en vista que no hemos tenido el respaldo de las autoridades nos organizamos y con autogestión nos estamos protegiendo con recursos propios”, resalta.
La inversión del proyecto de la ASOCAM bordea el millón de dólares, a futuro el gremio aspira tener un helicóptero para las labores de patrullaje y asistencia de emergencia.
Pedidos
Mónica Román recalca que no existe una estructura global para el manejo de la seguridad en el sector camaronero. Para esta productora es necesario crear leyes firmes que lo amparen, y entre los pedidos que hace está un mayor presupuesto, personal, patrullaje, tecnología y embarcaciones adecuadas para la custodia, tanto en mar abierto como en el perfil costero.
Otra necesidad es la instalación de cámaras de vigilancia para el monitoreo y que se derogue el cobro del 300 por ciento del Impuesto de Consumos Especiales para poder renovar las armas del segmento, pues gran parte de las que tienen están obsoletas. Pide también que se incluya un indicador de ‘delitos acuícolas’ en el Cuadro de Mando Integral, para tener un análisis real de los ataques contra los camaroneros.
Este mismo pedido lo hizo la Cámara Nacional de Acuacultura en enero pasado, cuando se reunió con las autoridades para discutir el tema de seguridad, entre las propuestas que se abordaron estuvieron también la creación de una unidad encargada de los delitos acuáticos (similar a la del abigeato); patrullaje permanente en La fragata, un punto importante de embarque y desembarque de producto.
Asimismo, se solicitó que aero-policial tome en cuenta la orden de operaciones para realizar control aéreo sobre el Golfo, especialmente en aguaje; mayor presencia del grupo GEMA en el puerto, el cual ha permitido neutralizar acciones de estructuras delincuenciales; impulsar el trabajo de los grupos de inteligencia, a fin de identificar y desarticular estructuras delictivas; así como presencia policial en corredores viales terrestres (Guayas-El Oro-Guayas y Manabí-Esmeraldas), para evitar asaltos a los transportes que llevan productos, especialmente del camarón que sale de Pedernales.
“La inseguridad resta competitividad porque la inversión en seguridad es alta y la asume el sector privado, costos que encarecen las operaciones y cada vez son mayores”, manifiesta la Cámara Nacional de Acuacultura.
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