Las Asociaciones Público Privadas, APP, son mecanismos de gestión de competencias públicas en donde el Estado, por excepción fundada en la imposibilidad o inconveniencia de ejecutar de forma directa las mismas (según el esquema constitucional de Ecuador) delega al sector privado la gestión de un proyecto específico compartiendo los riesgos y beneficios generados.
En este tipo de mecanismo, los principales elementos a considerar son la existencia de una competencia pública, la declaratoria de excepcionalidad para su gestión a través del sector privado, existencia de un modelo técnico y financiero que sustente el proyecto y la suscripción de un contrato sólido que ampare su implementación.
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En este escenario, Marcelo Dávila, socio líder de Derecho Administrativo y Contratación Pública en Sempértegui Abogados, menciona que en la actualidad se puede apreciar la existencia de un buen ambiente político y de seguridad jurídica, brindado a nivel gubernamental, que motiva la existencia de un alto interés sobre este esquema.
El Proyecto de Ley Orgánica, de carácter económico urgente, brinda la posibilidad de actualizar el marco normativo existente, sin embargo, a decir de Dávila, cuenta con algunos problemas que hacen que los proyectos se traben innecesariamente.
“Lamentablemente, la recepción política sobre este componente del Proyecto no ha sido positiva deparando un golpe para las APP. Por ello, es muy importante que el Proyecto pueda prosperar al menos en el componente de inversiones público privadas, ya que al no poder realizar las reformas necesarias al esquema sin duda alguna minará la confianza empresarial poniendo un escollo para su desarrollo”, explica el socio de Sempértegui Abogados.
Es por esto que el abogado y especialista en Derecho Administrativo, cree que el esquema de inversión público privada puede convertirse en el principal mecanismo de inyección de recursos para la ejecución de macroproyectos públicos, que permitirán la ampliación de la infraestructura pública mejorando el estándar de servicios hacia la población. Con esto, mejora la productividad de los operadores económicos y genera un incremento del empleo y de los indicadores económico sociales.
La firma Sempértegui Abogados ha participado en la estructuración de proyectos APP desde hace varios años, contando con profesionales que han permitido la ejecución exitosa de proyectos bajo esta modalidad. De ahí la importancia de que una firma asesora pueda convertirse en una aliada estratégica del Gobierno y las Empresas para permitir que el esquema amplíe su nivel de penetración dentro de las entidades públicas, generando confianza en el mismo.
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