Ecuador, que vive una crisis sin precedentes en su sistema carcelario, recibirá 2,8 millones de dólares en el marco de un programa de la Unión Europea (UE) para la que será su primera escuela penitenciaria. Además, parte de los recursos se destinaran para mejorar el sistema informático de los penales, y brindar capacitaciones y asesoramiento.
Así lo informó este martes el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), cuyo titular, Pablo Ramírez, participó recientemente en una reunión del Programa de cooperación comunitaria de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO) celebrada en París.
El responsable del servicio penitenciario ecuatoriano detalló que los recursos irán a la formación de la primera escuela penitenciaria de Ecuador, al mejoramiento del sistema informático carcelario y a procesos de capacitación y asesoramiento institucional.
El mejoramiento en el sistema informático penitenciario permitirá establecer procedimientos digitales que, entre otras cuestiones, contribuirán a reducir aún más el hacinamiento penitenciario, fijado a junio de 2022 en 9,52 % frente al 26,7 % que llegó a alcanzar en diciembre pasado, según el SNAI.
HACINAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE PRESOS
A principios de mayo, el director de EL PAcCTO, Xavier Cousquer, habló con Vistazo sobre la crisis carcelaria. Uno de los principales problemas que evidenció es el hacinamiento.
Cousquer recuerdó que en 2017 visitó una cárcel en Ecuador y en una celda de cuatro metros cuadrados encontró a 14 privados de la libertad, cuando el estándar internacional sugiere un espacio de 8 metros cuadrados por cada preso.
“Ecuador necesita dedicar más establecimientos de máxima seguridad. Esto no necesariamente significa construir nuevas cárceles. Se puede readecuar algunas de las que ya existen. Eso sí, deberían ser establecimientos pequeños y no las grandes porque son muy difíciles de controlar. Ya hemos visto lo que pasa”, dijo el experto.
Lo urgente, manifestó, es reducir el hacinamiento y clasificar a los presos que tienen perfiles más violentos. Esto, además, requiere mayor inversión en guardias penitenciarios para garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad, que es lo urgente en este momento, de lo contrario las masacres continuarán.
Estas acciones podrían tomar unos dos años si el gobierno y las instituciones responsables del sistema penitenciario entienden el problema. Lo otro es revisar la legislación para evitar que más personas que no necesariamente representan un peligro para la sociedad vayan a la cárcel, lugar que se convierte en una escuela del delito en lugar de rehabilitación social.
“No olvidemos que la privación de la libertad es el último recurso. Se necesitan medidas alternativas para delitos leves. Por ejemplo, una persona que no paga la pensión alimenticia no es un peligro para sociedad, por tanto, no debería ir a la cárcel”, dijo Cousquer.
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VIOLENCIA EXPONENCIAL
La violencia en las cárceles ha sido exponencial: en 2020 fueron 46 los presos asesinados, un año después ascendieron a 316 en distintas matanzas, y este 2022 ya acumula 64 muertes.
El SNAI se encuentra en proceso de incorporar a 1.300 agentes de seguridad penitenciaria y un centenar de inspectores educadores para los centros de adolescentes infractores.
Ramírez indicó que los educadores recibirán instrucción conforme a la malla curricular que se sigue en la Escuela de Inspectores Educadores de Uruguay.