Un joven de 20 años fue asesinado al estilo sicariato en Machala, provincia de El Oro, la noche del martes 23 de noviembre. El occiso, que ha sido identificado como José Alexis Rosero Nicolta era futbolista del equipo de segunda categoría, Canteras del Jubones del cantón Pasaje.
El crimen se registró en la ciudadela Costa Azul, en el sur de la ciudad, cuando la víctima se movilizaba en una motocicleta a alta velocidad escapando de unos sujetos que lo seguían en otra.
Según información policial, tres sujetos a bordo de una motocicleta que perseguían al joven lo interceptaron y le dispararon tres veces, a cien metros de su vivienda.
“Los impactos de bala se alojaron en la espalda de la víctima, quien falleció casi al instante. Con Fiscalía estamos coordinando las diligencias”, señaló Cristian Espinoza, jefe zonal de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased).
Datos de la Policía revelaron que el joven no tenía antecedentes penales. Él se dedicaba a la reparación de motos y también al fútbol de segunda categoría.
“La víctima no registra antecedentes penales, se dedicaba a la mecánica, en el lugar hemos detectado varios vestigios balísticos de aparentemente 9 milímetros”, agregó Espinoza.
Por su parte, el fiscal Christian Ayala detalló que en el lugar encontraron seis restos de bala.
Agentes de Criminalística trasladaron el cuerpo de la víctima al centro forense de Machala. Con este nuevo suceso ya suman 129 muertes violentas en la provincia en lo que va del 2021.
El Gobierno renovó por 30 días adicionales el estado de excepción que había decretado el pasado 18 de octubre a raíz de una grave crisis de seguridad en las calles y en las prisiones.
La medida rige en nueve provincias, las más castigadas por la inseguridad a lo largo de este año, y entre las que se destacan El Oro, Guayas (Guayaquil), Santa Elena, Manabí, Esmeraldas y Pichincha, esta última que alberga la capital Quito.
Según el Gobierno, el objetivo de la continuidad del estado de excepción es "precautelar los derechos de las personas en Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público".
El estado de excepción permite el despliegue de las fuerzas armadas para misiones de seguridad ciudadana y contra la delincuencia en las nueve provincias mencionadas por el decreto, entre ellas, las de ejecutar operaciones de "control, registros y requisa" en casos de tenencia de armas, y sustancias sujetas a fiscalización.