La revista Americas Quarterly, conocida por sus publicaciones de temas políticos, económicos y culturales, destacó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, dentro de la lista de las 5 figuras más relevantes de América Latina que luchan contra la corrupción.
En este top aparecen figuras gubernamentales, de la sociedad civil y de los medios de comunicación que han trabajado arduamente para fortalecer a las instituciones contra la corrupción.
La lista incluye a Diana Salzar, quien a los 37 años se convirtió en la fiscal general más joven de Ecuador después de procesar casos de corrupción de alto perfil como Odebrecht y FIFAgate.
En la lista también se restaltan otras figuras: Luiz Antonio Marrey, exjefe del organismo anticorrupción respaldado por la OEA en Honduras, trabajó para construir un poder judicial eficaz en una región donde el estado de derecho ha sido frágil durante mucho tiempo. La fiscal José Domingo Pérez, cuya persecución legal de expresidentes de Perú le ha otorgado el estatus de celebridad en el país. La periodista Nayeli Roldán, quien utilizó su plataforma ‘Animal Político’ para exponer el fraude generalizado en el gobierno de México. Y finalmente, Mercedes de Freitas, quien ha desafiado al régimen de Maduro en nombre de la lucha contra la corrupción como jefa de Transparencia en Venezuela.
La revista recuerda que gracias a Salazar, de 38 años, y a su investigación en el caso de sobornos de Odebrecht se obtuvo la renuncia del entonces vicepresidente Jorge Glas, quien hoy se encuentra en prisión. "Fue muy complicado porque Glas estaba en el cargo en ese momento, por lo que tuvo influencia en el gobierno, incluido un AG que supuestamente formaba parte de sus filas", dijo la fiscal a la revista.
La fiscal más joven del Ecuador
Lady Diana Salazar Méndez nació en Ibarra el 5 de junio de 1981. Su hogar estaba bajo el matriarcado, como suele bromear la nueva fiscal, de doña Olivia Méndez, una psicóloga educativa que sacó adelante sola a sus cuatro hijos.
Creció en su natal Ibarra, hasta que a los 16 años migró a Quito en donde cursó los últimos dos años de bachillerato en el Colegio Fiscal Juan Montalvo. Para 2001, y con apenas 20 años, ya trabajaba en la Fiscalía de Pichincha como ayudante de fiscal, alternándose con los estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
En 2006 ascendió al cargo de secretaria en la misma Fiscalía y para 2011 era designada como fiscal en el sur de la capital, desde cuyo despacho llevaba investigaciones por delitos comunes como robo de celulares, estafas, lesiones y hurtos.
Esta doctora en Jurisprudencia pasó también por la DACE, Unidad para Descubrir Autores, Cómplices y Encubridores, y ya en el 2016 empezó a investigar casos de crimen organizado y corrupción.
De su gestión destacan casos como el FIFA Gate, que terminó con una condena de 10 años de cárcel por lavado de activos contra el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga. En aquel entonces los periodistas le llamaban la Loretta Lynch ecuatoriana, a causa de su parecido con la fiscal general de Estados Unidos que también llevaba la enorme trama de corrupción dentro de la FIFA, pero hoy más nunca se destaca esta similitud, pues Lynch se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser fiscal general de Estados Unidos.
De igual manera dirigió el caso de Juan Pablo Eljuri, un empresario vinculado con el Sai Bank, entidad que habría facilitado el ingreso de dinero de Odebrecht, que luego sirvió para pagar sobornos.
Mientras estuvo a cargo del caso Odebrecht, Salazar encontró 10 evidencias que vincularon al vicepresidente Jorge Glas (quien cumple prisión preventiva) por el supuesto cometimiento del delito de asociación ilícita.
En el caso de supuesta captación ilegal de dinero a través de la entidad financiera internacional Sai Bank, la Fiscal contó que llegaban abogados a su oficina para decirle que piense lo que va a hacer “porque se va a enfrentar a un empresario poderoso”. Mientras que en la investigación contra Luis Chiriboga, Salazar dijo haber sentido presión mediática y que empezó a recibir amenazas.
Al respecto, en una entrevista con Vistazo en julio del 2018, Salazar manifestó que “hay ocasiones en que he querido decir: ‘no más, hagan lo que quieran’. Me doy cuenta de que pueden afectar a mi entorno. Pero tengo un motor que me anima a seguir adelante, soy muy católica y pienso que Dios me ha puesto donde debo estar”.
En la misma entrevista confesó que, en cumplimiento de sus funciones, han intentado sobornarla: “Hubo ofrecimientos jugosísimos para mí; nunca hubiera aceptado. Me hablaron del futuro de mi hija. Yo respondí: pensando en el futuro de mi hija, no quiero seguir la suerte de (piensa unos segundos, duda) no sé si debo decir los nombres de don Alex Bravo, de don Capaya”.
Salazar tiene una maestría en Derecho Procesal. Además, es especialista en Derechos Humanos por la U. Andina y en Derecho Penal Económico por la Universidad de Castilla, en España. Tiene 38 años, está casada y tiene una hija.