Policía en servicio activo va a prisión tras incumplir medidas a favor de su exconviviente; ocurrió en Orellana
Dictan prisión preventiva en contra de un policía, en servicio activo, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Fiscalía inició un segundo proceso penal contra el gendarme, Fabián Mauricio L., debido a que el procesado habría incumplido las medidas de protección concedidas a favor de su exconviviente, estas son: prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones; acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren; y, de realizar actos de persecución.
Fabián L. habría cambiado las seguridades del domicilio de su expareja, aprovechando que ella se encontraba de viaje. La tarde del 16 de abril, la agraviada regresó a su vivienda y cuando intentó ingresar —haciendo uso de sus llaves—, se percató que las seguridades habían sido reemplazadas por lo que alertó a la Policía y sustituyó las cerraduras de sus puertas.
Esa noche, Fabián L. acudió a ese inmueble, forcejeó las puertas e ingresó al lugar. Luego, rompió a pedradas los vidrios de la vivienda y amenazó con quitarle la vida a su expareja.
Tras la agresión, huyó del sitio, pero en un operativo de la Policía Nacional, ejecutado la mañana del 17 de abril, fue aprehendido cuando salía de una residencia.
En el desarrollo de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal de turno, Pío Palacios, presentó las versiones de los agentes aprehensores; el relato de la víctima; los peritajes de entorno social y psicológico; y, las copias de la causa por contravención, en las que se concedieron las medidas de protección a favor de la víctima.
Al culminar la audiencia, el Juez acogió el pedido de Fiscalía y ordenó la prisión preventiva para el policía en servicio activo.
Además, Fabián L. mantiene otro proceso abierto el 17 de marzo de 2023, por el mismo delito en perjuicio de la misma víctima. En esa causa, un Juez de Garantías Penales ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva.
El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal, cuya pena privativa de libertad es uno a tres años.
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