Pedófilos holandeses detenidos buscan evadir la justicia con falsas acusaciones
Matheus Hendrick Uittenbogaar y Luijs Lesley Gerardus Servaas fueron detenidos en junio del 2022.
Oficiales que participaron en la investigación que terminó en la detención de los sospechosos señalaron que, a través de falsas acusaciones, los procesados únicamente buscan desviar la atención sobre hechos delictivos que afectaron a decenas de niños en Manabí.
Así, afirmaron, buscan evadir el peso de la justicia y desacreditar un proceso investigativo que acopió evidencias contundentes en su contra. La agencia policial que siguió este caso es reconocida como un grupo de élite y cuenta con apoyo de pares en Estados Unidos.
Durante la audiencia de juicio contra los dos holandeses, de 50 y 34 años, y una mujer bielorrusa, cuya participación en la trama es investigada, hubo problemas.
En primera instancia, dos abogados defensores de los holandeses afirmaron que fueron desvinculados del caso la víspera de la diligencia, por lo que dejaban de representar a ambos procesados. Solicitaron que un defensor público asumiera el patrocinio legal.
Los dos holandeses, que se han presentado como pareja, son vinculados con el Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad (PNVD). La organización contó con el reconocimiento político en 2006 en Holanda. Sin embargo, la decisión fue revocada cuatro años más tarde, una vez que los medios denunciaron que detrás del discurso de amor fraternal se camuflaba la plataforma política para legalizar relaciones sexuales con niños a partir de los 12 años de edad.Foto: cortesía
Ambos se radicaron en la parroquia de Canoa, en el cantón manabita de San Vicente. Desde una edificación de tres plantas que en el pasado funcionó como hostal frente al Polideportivo, habrían organizado múltiples fiestas con el objetivo de atraer a niños de siete a 12 años.
En las fiestas, según testigos, los niños se bañaban desnudos. Recibían alimentos, caramelos, juguetes y dinero en efectivo. Varias víctimas dijeron haber sentido mareo después de ingerir un jugo especial que les brindaban los extranjeros. El proceso judicial recoge versiones según las cuales a los niños les rociaban con espuma en los genitales. Según un testigo, ofrecían hasta cien dólares por sexo oral y les incentivaban a llevar a otros amigos, con el pretexto de jugar con consolas de play station.
En un operativo especial, a mediados de junio fueron detenidos y trasladados a la cárcel manabita El Rodeo. La policía descubrió que seguían enviando contenido vía internet. Fueron reubicados en el centro regional de Guayas.
Una mujer bielorrusa, que según las investigaciones recogidas en el proceso está acusada de filmar y grabar las imágenes de contenido sexual, está detenida en Portoviejo. Un hombre, que se identificó como Iván, hijo de la detenida, se contactó con esta redacción para aseverar que ella fue apresada sin pruebas y que su defensa probará esa aseveración.
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En la audiencia de juzgamiento los extranjeros criticaron al sistema ecuatoriano. Según el holandés de 34 años, ellos pagaron a los policías. “El otro abogado solo habla de pagar a los corruptos, al abogado”. Exigió un traductor del holandés, pues dijo que no entiende el inglés.
El acusado de mayor edad, de su lado, aseguró que no quiere ‘pagar para la corrupción’, no quiere mentir, pero no les permiten hablar. Preguntó si quieren la verdad de este caso, ‘o quieren un show de este caso’.
Los agentes investigadores, consultados por este medio, afirmaron que la prueba palpable de la transparencia del caso es que por la abundancia de evidencias recogidas para demostrar el delito de pornografía, ambos están privados de la libertad. Ahora, es papel de la justicia ecuatoriana hacer su parte.
La ciudadana bielorrusa en cambio está representada por un bufete especializado, con sede en Quito. Entre los clientes de este despacho se encuentra el legislador procesado por violación, Peter Calo. Este estudio jurídico también ha representado al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
La audiencia para resolver la situación jurídica de Matheus Hendrick Uittenbogaar, Luijs Lesley Gerardus Servaas e Iryna Ivanchenco se reinstaló en abril, pero fue suspendida a petición de la Fiscalía general. Invocó el artículo 612 del COIP, ante la no comparecencia de testigos o peritos. Fue nuevamente convocada para mediados de ese mes, pero el fiscal Vicente Quirola presentó certificados médicos por una afección respiratoria. Está previsto que se reinicie en mayo.
El caso es seguido con sumo interés en varios países. En México fue detenido uno de los miembros de la organización pedófila. Todo indica que él también vivió en Canoa. Desde Estados Unidos, OUR, una ong integrada por agentes veteranos del Departamento de Seguridad, que investigan delitos contra niñez en el mundo, dio la voz de alerta.
A través de pericias informáticas los expertos detectaron que los activistas pedófilos relacionados con el apresado en México se habían afincado en Manabí.
Una vez que se iniciaron las pesquisas en Ecuador, las autoridades emitieron una orden de detención en contra de los dos hombres. El más joven de ellos fue detenido en el hostal, con equipos tecnológicos. El mayor de los dos, que según medios de su país creó el grupo político hoy proscrito, estaba a punto de huir desde Guayaquil.
La oportuna acción de los agentes ecuatorianos permitió su captura. En su equipaje llevaba cámaras para web y otros dispositivos. El proceso judicial instaurado en su contra determinó que los aparatos tecnológicos contienen material pornográfico que involucra a niños. Tres meses más tarde se vinculó a la ciudadana bielorrusa en la investigación.
Luego de las operaciones que terminaron en la captura de los holandeses, los agentes tanto locales como extranjeros quedaron impactados con los niveles de vulnerabilidad y abandono en que encontraron a la población de Canoa. Ubicada a menos de 20 kilómetros de la Ruta del Spondylus, esta parroquia de aproximadamente siete mil habitantes vivía mayoritariamente del turismo.
El terremoto de abril de 2016 afectó buena parte de la infraestructura hotelera. La pandemia terminó por agravar la situación económica de sus habitantes. En este contexto, algunos pobladores vieron a los extranjeros como amigos y no como una amenaza para sus hijos.
La operación contra los pedófilos visibilizó algo que estaba oculto para el resto del mundo, revela un vocero de la ONG OUR. Jefas de hogar sin poder alimentar a sus hijos, niñas gestantes de diez años de edad eran algunos de los problemas de Canoa.
Esta parroquia del cantón San Vicente tiene cobertura del 30 por ciento del servicio de agua entubada. El 70 por ciento se abastece, en cambio, del líquido por medio de tanqueros.
A partir de la intervención de los agentes en Canoa, para detener a la red de pedofilia, la ong OUR abrió un comedor para atender con almuerzos a 300 niños diariamente. Las responsables de preparar los alimentos son grupos de madres voluntarias, quienes a cambio reciben un bono para canjear con pañales y otros insumos para sus hijos.
Otros proyectos sociales involucran a niñas desde 13 años, ya con hijos en brazos, que buscan ingresos elaborando tarjetas con papel reciclable. Y a partir del 23 de mayo, un grupo de médicos, pediatras, nutricionistas y odontólogos, con apoyo de organizaciones estadounidenses en coordinación con OUR, visitará la población para brindar atención especializada.
Tras el terremoto y la pandemia, esta población quedó en el abandono y en riesgo. La intervención policial reveló la magnitud del problema, pero también llegó con alternativas de solución. El epílogo de esta historia aún no está escrito. Tres juezas del Tribunal de Garantías Penales de Manabí deben dictaminar la culpabilidad o inocencia de los tres extranjeros por los hechos de Canoa.
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