Cinco organizaciones con sede en países europeos exigieron este martes "medidas urgentes" al Gobierno de Ecuador para detener la serie de masacres carcelarias que se suceden en el país, tras la última ocurrida el lunes donde murieron 15 reclusos.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones achacaron esta crisis carcelaria a la "falta de control estatal", lo que a su criterio se traduce en una violación a los derechos humanos de la población penitenciaria por no garantizar la vida de los presos mientras están bajo custodia del Estado.
Entre las organizaciones firmantes están el Colectivo Europeo de la Diversidad Ecuatoriana (CEDE), la alemana Sociedad para los Derechos Humanos, la Amnistía e Igualdad de Oportunidades (GRACIA) y el Foro Noruego para la Democracia y los Derechos en Ecuador (NOFEF).
También suscriben la declaración conjunta la Asociación de Migrantes Latinoamericanos en Francia (ALMA) y la Asociación de Amigos del Ecuador (ADE), de Italia.
Estos colectivos acusaron al Gobierno del presidente Guillermo Lasso de una "gravísima negligencia en sus obligaciones positivas de protección a la población carcelaria".
"Las acciones del Estado ecuatoriano han creado las condiciones e incrementado las posibilidades de exponer en elevado grado el riesgo para la vida a quienes están privados de libertad", añadieron.
Asimismo, reclamaron una reparación inmediata para las víctimas y anunciaron que recurrirán a todos los instrumentos internacionales a su alcance "para denunciar los hechos y encontrar justicia para las víctimas y sus familias".
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Las cinco organizaciones mostraron su disposición a atender "a todas las familias que quieran unirse a estas denuncias internacionales para que, de una vez por todas, se acabe con la violencia" en las prisiones "y se haga justicia contra todos los responsables".
En total son ya más de cien los presos asesinados desde inicios de este año en distintas reyertas entre bandas rivales que se disputan el control interno de los centros penitenciarios, y más de 450 desde de 2020.
La requisas realizadas después de estos episodios muestran el uso de armas de fuego como pistolas e incluso fusiles, así como de machetes, cuchillos de grandes dimensiones y una gran cantidad de balas que lograron introducir a la prisión.
Esta situación llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitiese al Estado ecuatoriano un informe de recomendaciones como recuperar el control interno de las prisiones, dar condiciones dignas a los presos, rebajar el hacinamiento y elaborar un política de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
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