Nuevos vinculados por presunto peculado en compra de insumos y prótesis para Hospital Teodoro Maldonado Carbo
Informe con Indicios de la Contraloría determina un perjuicio económico de alrededor de 500.000 dólares.
Tres personas más fueron vinculadas al proceso que lleva adelante la Fiscalía del Guayas por un presunto peculado en la compra de insumos médicos y prótesis para el área de traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el período 2019.
Fiscalía inicio una investigación el 12 de octubre de 2020, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 500.000 dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis para la Unidad Técnica de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS.
El 2 de junio de 2021, la Fiscalía del Guayas (con la asistencia de fiscales y personal de la Policía Nacional) ejecutó varios allanamientos a viviendas en Guayaquil, Daule y Nobol, donde seis personas fueron detenidas.
La audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 3 de junio de 2021, el juez de Garantías Penales, Ubaldo Macías Quintón, dictó prisión preventiva para Julia M. P., Carlos V. F. y Christian L. K., mientras que a César V. B. y Angélica R. J. les dispuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante la Fiscalía; a Susana E. D. le dictó arresto domiciliario.
Mientras que, en la audiencia de vinculación, desarrollada ayer lunes 30 de agosto en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de la Contraloría que determina un perjuicio económico de alrededor de 500.000 dólares por un contrato de 1’082.807.
Además, versiones de los auditores de la Contraloría, copias certificadas del contrato remitido por el IESS, la resolución de adjudicación para el proveedor, el acta de entrega-recepción de las prótesis, el comprobante único de pago de la casa asistencial a favor del proveedor, la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, en la que refiere que el proveedor y la compañía adjudicataria se dedicaban a la importación de otra clase de productos.
A ello sumó también los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística e investigativo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, ambas de la Policía Nacional.
El juez de Garantías Penales, Darwin Valencia, acogió en parte lo solicitado por Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jorge Josué H.A. (exjefe de Compras Públicas del hospital), mientras que para Andrés Alexander L. H. (analista de compras) y Juan Vicente M.A. (miembro de la Comisión Técnica) emitió medidas como prohibición de salida del país, presentarse ante la autoridad judicial cada ocho días y la prohibición de enajenar bienes (los dos últimos son funcionarios actuales de la casa asistencial).
La instrucción fiscal durará treinta días.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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