Los detalles que conectan a los Bucaram con los ciudadanos israelíes
Los israelíes llegaron a Quito en octubre de 2019, a un edificio de 20 pisos. Detenidos en un operativo en Santa Elena, a inicios de junio, afirmaron haber vendido pruebas rápidas COVID-19 a Jacobo Bucaram. En un video, filmado el 18 de mayo, Shy Dahan muestra las cajas de tests que iba a vender “en efectivo”. Los paquetes son idénticos a los que la policía encontró durante el primer allanamiento a la casa del expresidente Abdalá Bucaram.
Escapó de la cárcel La Joyita de Panamá; pero encontró la muerte en la Penitenciaría del Litoral, el sábado 8 de agosto. Sin embargo, el israelí Shy Dahan dejó pistas de sus negocios durante la pandemia. Un video filmado por Dahan el 18 de mayo, ayuda a recrear la ruta de las pruebas rápidas COVID-19 que él comercializó en la crisis sanitaria.
“18 de mayo. Siete y 26 de la mañana”, se oye a Dahan en castellano con acento hebreo. Muestra su reloj para corroborar la hora de la filmación. “Aquí con las pruebas de COVID, listas para entregar. Solo con efectivo”. Enseña un primer plano de las cajas blancas con franjas rojas, sobre las que se leen las inscripciones TestSeaLabs y Check.
Cajas idénticas fueron encontradas el 3 de junio, durante el primer allanamiento a la casa del expresidente Abdalá Bu caram, en Kennedy Norte. Cuando la fiscal Diana Salazar se refirió a esa diligencia, aclaró que las pruebas rápidas almacenadas en el domicilio de Bucaram coinciden con las que se hallaban en las bodegas del hospital Teodoro Maldonado Carbo.
El celular del israelí asesinado arroja nuevas piezas en este rompecabezas. La diligencia judicial para extraer la información se realizó un día antes de su asesinato. Desde fines de julio, había mostrado su interés en colaborar con la investigación fiscal. ¿Quién era Shy Dahan?
No tenía una, sino 11 identidades. Golan Shay, Shay Allalouf, Moti Edry, Gdan Shay... Nacido en Israel, en agosto de 1980, Dahan vivió en varios países; acostumbrado a lujos, autos caros. Amante de la buena cocina, todos alababan su sazón. Asiduo visitante de las salas de juegos y azar. Por esa afición conoció a Jacobo Bucaram, con quien jugaba póker en Estados Unidos; eso le contó a uno de sus vecinos.
A Ecuador llegó luego de permanecer en Medellín. Vivió por corto tiempo en Manta y Guayaquil, pero se sintió más a gusto en Quito. Se instaló en octubre de 2019, en un sector exclusivo: un edificio inteligente de 20 pisos, donde un departamento de 140 metros cuadrados se alquila en 1.500 dólares por mes.
Tenía difusión roja de Interpol, ya que en 2018 se fugó de la prisión La Joyita, en Panamá, donde cumplía una pena por estafa; por eso adoptó la identidad del hermano de su amigo Oren. Fue conocido en Quito como Tomer Sheinman. Coloquialmente, “Tom”.
El departamento que alquilaba estaba a nombre de su pareja, la peruana Isabel Marengo (de 22 años), y lo compartía con su amigo y compatriota, Oren Sheinman. Este último, experto en sistemas, realizaba entrenamiento físico en el balcón. Oren comentaba que vivió en Australia, donde tenía inversiones turísticas. Sus amigos lo llamaban “Tarzán” por su condición atlética; se relacionaba con varias chicas a través de Tinder y trabajaba como consultor informático para un banco privado. Usaba cinco identidades.
Los extranjeros se presentaban como inversionistas. Entre sesiones de ejercicios, comidas y conversaciones sobre negocios exitosos, Isabel, Shy y Oren se ganaron la confianza de sus vecinos del piso 14, desde el inicio de la cuarentena.
Negocios riesgosos
No era extraño que dos o tres agentes de la Policía Metropolitana custodiaran el edificio. Uno de los inquilinos del exclusivo complejo era el entonces vicepresidente Otto Sonnenholzner.
Lo que sí llamaba la atención fue que Oren y Shy compartieran su comida con varios escoltas y contaran con su protección cuando se movilizaban en su auto BMW, que tenía una identificación diplomática. Las investigaciones avanzan para confirmar si los metropolitanos les ayudaron a obtener credenciales falsas, que presentaban a los israelíes como miembros de la oficina Antidrogas de EE.UU. (DEA). Por ahora tres de los agentes están detenidos en la cárcel de Latacunga; su defensor clama su inocencia.
Los extranjeros presumían de sus contactos al más alto nivel. Se jactaban de haber vendido 600 mil dólares en insumos a un “político importante de Guayaquil”, quien les pagó en efectivo, en una hacienda en Cotacachi. A su vecino, un empresario de 27 años, le convencieron que comprara dos mil mascarillas, y al poco tiempo le ofrecieron 10 mil más.
Luego le ofertaron otras 100 mil mascarillas y lograron que transfiriera 44.600 dólares. Después, se interesaron en comprar 21 mil pruebas rápidas de COVID-19, que un amigo del empresario había importado. Aseguraron que Jacobo Bucaram era el comprador.
El 18 de mayo debió concretarse este negocio. Los extranjeros se llevaron las pruebas rápidas, con la promesa de pagar apenas recibieran el efectivo; el monto pactado fue 18 dólares por cada una, el valor final 378 mil dólares. El emprendedor que les entregó los kits viajó con ellos hacia Guayaquil. Pero en Santo Domingo de los Tsáchilas perdieron contacto; el inversionista los denunció por estafa, asegurando que perdió más de 400 mil dólares. El video de 22 segundos es la evidencia de que los extranjeros tenían en su poder las pruebas rápidas.
El salmo no lo salvó
A partir de entonces se radicaron en la costa. El primero de junio en un operativo de rutina, en Santa Elena, se detuvo un vehículo cuyos ocupantes mostraron credenciales falsas y cien mil de dólares en su poder. En un allanamiento al departamento que arrendaban en Chipipe, los policías encontraron 212 mil dólares y dos carros de alta gama. Ambos fueron procesados por enriquecimiento privado y falsificación de documentos. Desde el primer momento, afirmaron que el dinero era fruto de la venta de pruebas COVID-19 a Jacobo Bucaram.
A fines de julio, Shy y Oren, detenidos en la Penitenciaría del Litoral, explicaron a la Fiscalía a través de sus defensores que estaban dispuestos a “colaborar con la investigación entregando información verificable y que posiblemente desencadene en la vinculación y procesamiento de otras personas”. Y denunciaron que la fiscal que conocía el caso ignoró su ofrecimiento de colaboración.
Por esos días, Shy recibió la llamada del expresidente Bucaram. Tuvo la precaución de grabarla; el audio se difundió, un día después de su asesinato. En el diálogo, Bucaram le ofrece la visita de un abogado defensor y le garantiza apoyo para sacarlo en el tribunal, pues le dice que tiene contactos con una funcionaria en la Judicatura de Santa Elena.
El israelí Shy Dahan pregunta a Bucaram si le garantiza que su vida no corre peligro. La respuesta de Bucaram es cortante: “De la palabra ya hablamos, te doy mi palabra de que te saco del tribunal”.
El lunes 3 de agosto, las autoridades penitenciarias autorizaron el ingreso del abogado Walter Vallejo, según oficio en poder de Vistazo. Ese día hubo un violento motín que dejó 11 muertos, la causa aparente era una disputa entre bandas rivales. Dahan mensajeó a un rabino y le contó que sospechaba que la trifulca era un distractor, para eliminarlos a ambos. “Las balas volaron sobre mi cabeza. Oren y yo sosteníamos un libro de Salmos y eso nos salvó”, según relató el jefe espiritual a un medio de su país, al explicar el peligro que corría su compatriota.
El viernes 7 de agosto, la información del celular de Shy Dahan fue sometida a pericia, como parte de la investigación fiscal. Al día siguiente Dahan era asesinado con el golpe de una pesa en el cráneo. Su compañero de celda también fue atacado, y esa noche rindió su versión. Aseguró que los Bucaram, padre e hijo, los amenazaron de muerte “si mostramos evidencias”, y que una autoridad de la cárcel dijo que “Bucaram quiere nuestras cabezas”.
Cuatro días después el exmandatario fue detenido a pesar de que portaba un grillete electrónico ordenado por jueces que conocen otras causas en su contra y de que se presentaba a diario en la Fiscalía.
“¿Por qué entraron rompiendo todas las puertas? Sabiendo que Abdalá estaba en la casa porque él tiene un grillete por el que lo pueden localizar. Los niños estaban asustados al ver tanto policía metido en la casa”, reclamó su esposa, María Rossa Pulley. “Quieren a Abdalá muerto”, exclamó.
A la madrugada siguiente fue formalmente acusado de delincuencia organizada y por sus 68 años de edad, recibió arresto domiciliario. De vuelta a su domicilio, Bucaram afirmó haber presentado un pedido de medidas cautelares ante la CIDH, por supuestas violaciones procesales durante el allanamiento. Cuestionó que un camarógrafo de una estación privada hubiera ingresado a filmar la diligencia. Por tanto, se declaró en indefensión. Añadió que demandará el Estado ante la Corte de La Haya por el abuso. El expresidente y sus hijos aseguraron ser víctimas de persecución.
Engaños y estafas son parte del turbio historial de Shy Dahan. En Panamá se fugó de una cárcel ayudado por las autoridades de ese penal.
Entre casinos, lujos y delitos
EN 2010 una noticia desde Cancún afirmaba que un empresario israelí había desaparecido. Luego se reveló que Shy Golan (como se hacía llamar) era buscado por la policía de Los Ángeles por estafas. En la Riviera Maya tomó el control de una empresa amenazando a los dueños e intimidando a los empleados, refirió el diario panameño Crónica.
En 2014, en Londres, se presentó como un magnate inmobiliario. El engaño se descubrió cuando acumuló 230 mil libras esterlinas en deudas por juegos de casino.
La siguiente escala fue Panamá. Allí se dedicó a negocios inmobiliarios hasta que también fue acusado de estafar por medio millón de dólares a ingenuos compradores.
Logró salir de ese país, pero Interpol lo encontró en España y lo devolvió al Istmo. Duró tres meses tras las rejas. Negoció su fuga con las mismas autoridades de la cárcel La Joyita. Pidió que lo llevaran al banco para pagarles en efectivo por “la ayuda”. Los guardias no entraron para no ser captados por las cámaras de seguridad. Se les fue por la puerta de atrás.
La vida de lujos la presumía en su Instagram @donshyboy.
“Esta discusión no es política”
María Paula Romo, ministra de Gobierno, habla de los distractores políticos que desviaron el debate en este caso.
P: La familia de Abdalá Bucaram dice que se busca atentar contra la vida del exmandatario. ¿Qué responde usted como Ministra de Gobierno?
R: El trabajo de la policía se lo cumple solamente cuando hay la orden de un juez. Y un juez da una instrucción cuando tiene una motivación fiscal. Entiendo los discursos como una estrategia de defensa, y desde ese punto de vista lo único que tengo que hacer es garantizar al país que la policía actúa en el marco de la ley, cumple órdenes judiciales. No hay un direccionamiento alguno; no hay cobertura para nadie, y no hay persecución contra nadie.
P: Haber tenido una cámara de televisión durante el segundo allanamiento, ¿es un error?
R: Lo que yo he dicho; y utilicé exactamente los términos que creo: no debió estar esa cámara ahí. Hay una responsabilidad, la Policía debió darse cuenta para evitarlo. No tenía para qué entrar una cámara. Y si por otro lado tengo esas imágenes también tenía que pensar dos veces en exhibirlas. Sin embargo, eso no convierte a la detención en ilegal, ni pone dudas sobre los temas de fondo que se están discutiendo. Lamentablemente, ha sido y puede ser usado para distraer el debate, y es grave que cuando se investiga una serie de delitos, estemos discutiendo sobre el hecho de la detención.
P: ¿Hacia dónde hay que orientar el debate?
R: La pregunta es si se cometieron delitos, qué tipo de delitos, quiénes los cometieron en cualquier forma de participación. Y cómo -siguiendo el debido proceso y con toda la independencia- los jueces le asignan las sanciones que corresponden a quien sea que haya come tido un delito. Entonces tengamos muy claro que el debate es de orden penal, delictivo, no es político.
P: ¿En qué se fundamenta la petición del allanamiento de agosto?
R: Quien debería responder cómo se motiva la detención es la Fiscalía. Este organismo le solicita al juez que está llevando la investigación sobre la posible estafa en ventas los ciudadanos israelíes, en Quito. Ese juez pide la detención de tres motorizados de la policía metropolitana y del señor Bucaram Ortiz. Lo que recibe la policia es la orden de un juez que está llevando la causa, de detener a estos ciudadanos, y la policía cumple este pedido.
P: Shy Dahan, el israelí detenido a inicios de junio, murió en prisión. ¿Hay responsabilidad del Estado?
R: El Estado tiene la responsabilidad de las personas privadas de la libertad. Por eso, se tiene que seguir una investigación y un proceso penal para que todos los responsables del asesinato puedan ser sentenciados. A partir del fin de semana, el otro ciudadano fue incluido en el programa de protección de víctimas y testigos, pero es Fiscalía quien lleva ese programa, siempre que haya la voluntad de la persona en acogerse. Por cierto, recién en ese momento la policía asume la custodia, no antes. La seguridad dentro de las cárceles no le corresponde legal- mente a la policía nacional.
P: Se escucha con insistencia la frase del reparto de hospitales. ¿Cómo explicar al país lo que pasó?
R: No creo que las redes se limiten a es- te caso ni a este tema. Mire las redes que desarticulamos, el proceso en que fue sentenciado el cura Tuárez, era un tema por tráfico de influencias; investigaciones en el Ministerio de Finanzas. Posiblemente la investigación nos lleve a una trama más grande que no solamente se refiera a contratación con el sector público, y creo que limitarlo a un acuerdo con una red personas que no tienen poder político es un distractor. No podemos hablar de acuerdo político con alguien que no tiene representantes en el legislativo. El tema va más allá, pero estos distractores políticos pretenden reducirlo a un conflicto, y esto sirve muy bien a los actores que quieren atacar al gobierno, así buscan evitar que se investigue hacia atrás, en el tiempo.
