La lucha contra la ilegalidad minera
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La minería ilegal ha dejado secuelas en el país. En 2013 se ejecutó un operativo militar a gran escala para inutilizar maquinaria que extraía material en las riberas del río Santiago, en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas). Allí la afectación al entorno del afluente hídrico es tan grande que se observa desde el aire.
Tres años más tarde, la ciudad patrimonio del Ecuador, Zaruma, en la provincia de El Oro, fue declarada en emergencia: el centro se hundía producto de minas subterráneas clandestinas. Desde las mismas casas se excavaba en busca de oro poniendo en riesgo toda la infraestructura de la urbe.
El episodio más reciente de la minería ilegal en el país lo vivió la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, donde una concesión a la firma australiana-canadiense Hanrine fue invadida hace más de un año. Ante ello el Gobierno declaró el estado de emergencia, y la policía entró a las minas clandestinas para desalojar a las personas que realizaban la explotación fuera de la ley.
La Empresa Nacional Minera (Enami) explica que en estas actividades generalmente hay personas que laboran sin el pago de un salario digno y en condiciones inseguras, lo que configura una esclavitud moderna.
Adicionalmente, la minería ilegal no respeta el medio ambiente, ya que no se rige a ningún tipo de plan ambiental, ni se aplican acciones técnicas para realizar un cierre de mina o llevar acabo de manera permanente los estudios de impacto necesarios para realizar sus actividades.
Sin embargo, se hace una diferenciación. La minería ilegal no es sinónimo de pequeña minería o artesanal, pues estas últimas sí están reguladas por la ley, es decir, cuentan con concesiones y pagan impuestos.
“La pequeña minería ha estado y estará presente en el desarrollo socio-económico de Ecuador. Empero de ello, aún estamos a la espera de un plan específico de desarrollo e incentivos”, afirma Darwin Machuca, presidente de la Cámara de la Pequeña Minería (Capemine).
El dirigente cuenta que hay pequeña minería repartida por todas las regiones del país. Existen 3.000 títulos mineros bajo este régimen y los concesionarios son personas naturales, compañías, cooperativas, a sociaciones, condominios y sociedades. “En la mayoría de áreas mineras se prevé la implementación de programas de reforestación, huertos agrícolas, criadero de peces, con frecuentes jornadas de limpieza de ríos en participación con las comunidades”, afirma Machuca.
Otro aspecto importante es que la pequeña y la gran minería no compiten entre sí, pues tienen esquemas de operaciones diferentes, y hasta en el ámbito regulatorio se diferencian en cuanto a volúmenes, estudios, inversiones y pago de tributos al Estado.
La gran minería, sigue un proceso por etapas y con plazos, las inversiones son grandes en las etapas de exploración y pocos de esos proyectos se convierten en yacimientos comerciales de envergadura en virtud de las reservas comprobadas. En cambio, la pequeña actividad se desarrolla con inversiones de menor cuantía, en asociaciones y con el aporte de capitales nacionales.
“La pequeña minería y gran minería formamos un solo sector, y sabemos que solo unidos podremos avanzar”, expresa Machuca.
Situación en El Oro
El Oro tiene experiencia con la pequeña minería y, en el caso de Zaruma, también con las actividades ilegales. El prefecto Clemente Bravo, cuenta que más del 50 por ciento del territorio provincial está concesionado para minería. Son alrededor de 154 concesiones de pequeña minería, que representa el sustento de miles de familias de la llamada “Parte Alta” orense.
Bravo dice que la minería ilegal ha traído problemas. “El principal recurso que ha sido y ésta siendo afectado es el agua, luego el suelo, el aire y hasta la biodiversidad, por eso es que nosotros hemos venido a trabajar haciendo una minería amigable y responsable con la naturaleza, que sí es posible”, asegura.
La Prefectura planea estudios en conjunto con las universidades nacionales y europeas que deseen contribuir con la preservación de toda la bio diversidad. Su temor es que la minería ilegal dañe recursos naturales que sirven para otras actividades como la agricultura y piscicultura.
Como parte de su plan de trabajo se ha propuesto crear un Instituto Artesanal Minero, para la elaboración de joyas a fin de generar nuevas fuentes de trabajo.
Desde Enami, en cambio, se brindan capacitaciones y asesoramientos técnicos a mineros locales con el fin retomar el control y terminar con las operaciones fuera de la ley. En el cantón Zamora, de la provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, se logró que los mineros dejen de usar el mercurio en sus actividades.
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