Gunvor S.A. se declara culpable de sobornar a funcionarios ecuatorianos y enfrenta multimillonaria multa
Gunvor S.A. ha admitido su culpabilidad ante la Justicia de Estados Unidos por prácticas corruptas que involucran el pago de sobornos a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano.
Gunvor S.A., una de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo, con sede en Suiza, ha admitido su culpabilidad en prácticas corruptas que involucran el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020.
Este reconocimiento se produce dentro del marco de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, donde la firma ha sido sentenciada a pagar una multa penal de 374'560.071 dólares. En adición, se le confiscará 287'138.444 dólares en ganancias obtenidas de manera ilícita.
Este caso emerge de una investigación extensa que implicó a varios exfuncionarios de Petroecuador, la estatal petrolera ecuatoriana, incluido Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de la misma empresa, quien también fue sentenciado en Estados Unidos.
La operación corrupta, que se extendió durante ocho años, reveló cómo Gunvor S.A. aseguró contratos lucrativos y negocios preferenciales mediante el pago sistemático de sobornos.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador ha jugado un papel crucial en la cooperación internacional, facilitando el intercambio de información que ha permitido llevar a cabo las condenas en territorio estadounidense.
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Además de la imponente multa, la sentencia incluye una disposición según la cual hasta un cuarto de la penalización monetaria podría ser condonada por las autoridades judiciales en Suiza y Ecuador, en reconocimiento a las investigaciones pendientes que Gunvor aún enfrenta en estas naciones por delitos de corrupción conexos.
En Ecuador, el caso, denominado "Alianza", continúa su curso legal, abordando específicamente el delito de cohecho y señalando tanto a individuos como a entidades corporativas implicadas en la trama corrupta.
La Procuraduría General del Estado ecuatoriano ahora debe iniciar el proceso de recuperación de los fondos sancionados, disponiendo de un plazo de un año para completarlo.
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