Así lo reveló el consejero de Seguridad Nacional del Gobierno, Paco Moncayo, en una rueda de prensa en la que explicó que el levantamiento del estado de excepción responde a que en la actualidad no se requiere de esa figura para que las Fuerzas Armadas actúen con la Policía en temas de seguridad interna.
Las mismas operaciones de seguridad que antes requerían del estado de excepción, ahora "se pueden hacer sin declarar" dicha medida, que también incidió en actividades como el turismo, añadió Moncayo.
Por ello "vamos a levantar el estado de excepción y solamente en alguna circunstancia muy especial que podría producirse se acudiría a esta figura, porque ha dejado de ser necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos en virtud de lograr la paz y tranquilidad", afirmó el consejero gubernamental.
Moncayo, no obstante, aceptó que alcanzar la paz y tranquilidad ciudadana es una "tarea tan ardua que no se puede conseguir de la noche a la mañana".
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De su lado, el ministro del Interior, Juan Zapata, hizo un balance de la aplicación del estado de excepción en el distrito metropolitano de Guayaquil (la capital de la provincia de Guayas), en Santa Elena y Los Ríos.
Zapata indicó que durante el periodo excepcional las fuerzas del orden capturaron 209 sospechosos considerados "blancos de alto y mediano valor", por considerar que pertenecen a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) ligados a la espiral de violencia.
Asimismo, comentó que se han capturado a 121 personas relacionadas con delitos de extorsión que, según las investigaciones formarían parte de las bandas criminales conocidas como "Los Lobos", "Tiguerones", "R7", "Águilas" y "Choneros", entre otros.
Zapata dijo que las operaciones de las fuerzas del orden han permitido reducir la tasa de muertes violentas en las tres provincias en un 8 %, con una bajada del 6 % en Guayaquil, un 13 % en Los Ríos y un 19 % en Santa Elena.
El pasado 1 de abril, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anuncio una medidas urgentes para combatir la inseguridad en el país, entre las que mencionó la autorización de tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal y el estado de excepción.
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