¿Fracasó el programa estatal de cocinas de inducción?
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El Gobierno evalúa continuar o suprimir el subsidio al plan de cocinas de inducción, que le cuesta al Estado más de 20 millones de dólares al año. ¿Será el fin de un proyecto que no despegó del todo? Hay más de medio millón de usuarios.
A María Inés Morocho le dijeron que solo debía mostrar su cédula de identidad y facilitar sus datos y, 15 días después, estaría estrenando su cocina de inducción. El personal de una tienda de electrodomésticos fue hasta su barrio a vender la idea de que la empresa eléctrica, por ser un programa del Gobierno, se encargaría de dotar la instalación de 220 voltios que utilizan estos aparatos. El costo de la cocina era de 800 dólares, que se pagaría en cuotas mensuales de 23 dólares, cargados a la planilla de luz.
Un par de días después, llegaron 22 cocinas al barrio Los Pinos, de la parroquia Cutuglagua, al sur de Quito. Pero nadie llegó a realizar la conexión de 220 voltios. Cuando María Inés y sus vecinas fueron a pedir explicaciones en las oficinas de la empresa eléctrica, les dijeron que no se podía proveer las nuevas conexiones porque el barrio no estaba regularizado. Es decir, les vendieron cocinas que no podrían usar.
Esta historia refleja el parcial fracaso del proyecto de cocinas de inducción que nació en 2014 y no tuvo los impactos previstos. Para 2018, el gobierno anterior estimaba que alrededor de cinco millones de hogares cambiarían sus electrodomésticos de gas por los eléctricos, pero hasta ahora apenas se cumplió poco más del 10 por ciento de esa cifra luego de cinco años de iniciado el plan.
Más de 75 mil de estos artefactos, que se importaron de China están embodegados en Guayaquil, porque la gente no las desea. A inicios de este año, se intentó enviar estas cocinas al Programa Casa Para Todos, pero no hubo éxito, según informó Mario Intriago, exviceministro de Electricidad.
Desde ese entonces terminó la promoción del plan. Empresas locales que empezaron a fabricar cocinas de inducción no logran venderlas. La gente parece preferir el gas.
Y el problema se agudiza porque este 31 de diciembre termina el subsidio de tarifa cero para quienes están dentro del “Programa de eficiencia energética para cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad (PEC)”. Es decir, que los más de 642 mil beneficiarios podrían ver un aumento en la planilla de luz desde enero. Y esto sería un desincentivo para otras personas que piensen cambiar el gas por la electricidad.
El dilema
Retirar este subsidio o incentivo tarifario que, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), fue de 4,8 millones de dólares podría afectar el retorno de la inversión. El PEC tiene previsto hasta 2024 recuperar los valores que las empresas eléctricas de cada provincia o municipio cobran a los usuarios por las cocinas de inducción vendidas a crédito.
“Se supone que hasta terminar de pagar la cocina nos deben dar el subsidio. Si sube la planilla, tendré que regresar a mi cocina de gas que la tengo guardada”, dice Juliana Naranjo, del sector de Carcelén, quien adquirió el electrodoméstico hace tres años gracias al programa estatal. Ella paga unos 30 dólares por el consumo de luz y piensa que el rubro podría ascender unos 10 dólares sin el subsidio. Comprar dos bombonas de gas al mes le
resultaría más barato.
Vistazo pidió una entrevista con el viceministro de Electricidad o el gerente del PEC para conocer sobre el futuro y cifras del programa; también envió un cuestionario al departamento de comunicación del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Extraoficialmente se conoció que el Ministerio de Energía aún evalúa la decisión. Son alrededor de 100 millones de dólares invertidos en estos cinco años del programa, que se deben recuperar para cancelar créditos adquiridos. Por ejemplo, uno de 70 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Problemas no acaban
En 2017, la Defensoría del Pueblo emprendió una demanda contra el Ministerio de Energía y algunas empresas de electrodomésticos por vender con engaños los aparatos. Fueron más de 2.400 quejas ciudadanas en todo el país. En las zonas rurales, los vendedores decían a la gente que si no adquiría la cocina de inducción, el Gobierno les quitaría el bono. “Vendieron con engaños. Ganamos una acción de protección, para que los afectados sean reparados”, dice Roberto Veloz, abogado de la Defensoría.
Sin embargo, el proceso continúa porque las medidas de reparación fueron parciales. María Inés Morocho y todas sus vecinas, por ejemplo, lograron devolver las cocinas. Pagaron las cuotas más de un año en las planillas de luz, pero ahora ese dinero les es devuelto como un descuento en la misma planilla. “Yo sí estaba feliz con la cocina. Tenía horno, pero no había la luz de 220. Sigo con la cocina industrial de siempre, de gas. Si la gente fue o se siente engañada debe denunciar”, dice. Pero hay otros que piden indemnizaciones.
Además, la Defensoría instó al Ministerio de Energía a que, en caso de terminar con el subsidio, debería informar a los beneficiarios del PEC con tres meses de anticipación para que estén preparados ante el incremento de rubros en sus planillas, pero no hay un comunicado hasta ahora.
El proyecto tenía como objetivo reemplazar el consumo de energías fósiles por la electricidad, y reducir el subsidio al GLP, que es de unos 700 millones de dólares al año, y que es usado en un 92 por ciento en el consumo doméstico.
Pero cinco años después ninguna de estas metas se logró. La rapidez con la que el gobierno anterior intentó implantar el plan y la falta de control en las ventas crearon rechazo en la gente.
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