Fiscalía dice que hubo un "aparente mal procedimiento policial" en el caso Camila Aguilera
Camila Aguilera habría sido lanzada de un edificio al norte de Quito.
Representantes de la Fiscalía General del Estado manifestaron ante la Asamblea que en el caso de la muerte de la joven ibarreña, Camila Aguilera, existió un aparente mal procedimiento de la Policía, puesto que no hay un parte policial, solo el acta de levantamiento de cadáver como aparente suicidio.
Las declaraciones se dieron el pasado miércoles, 7 de diciembre, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado a la que fueron citadas varias autoridades para que rindan cuentas sobre los procedimientos que se han seguido en torno al fallecimiento de la joven estudiante de medicina.
Camila falleció el 16 de junio de este año, tras caer del piso 16 de un edificio al norte de Quito. Al inicio, la Policía trató el caso como suicidio. La familia de la víctima narró a Vistazo que los agentes no tomaron versiones de las personas que estaban aquel día y que solo se quedaron con lo expuesto por el novio.
Esto teniendo en cuenta que horas antes la pareja discutió e incluso el novio golpeó a la joven. Emilia, hermana gemela de Camila, advirtió de estos actos de agresión a la Policía, pero “le dijeron que eso era irrelevante porque su hermana ya estaba muerta”, según comentó Janneth Sierra, madre de la víctima.
El fiscal del caso, Bormman Peñaherrera, reconoció ante la mesa legislativa que la Policía emitió el acta de levantamiento de cadáver a la unidad de actuaciones administrativas de la Fiscalía, pero no el parte policial. Luego de varios procesos, recién el 11 de octubre del 2022, el caso pasó a la unidad especializada de género como posible femicidio.
Daniel Béjar, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, acotó que “existe aparentemente un mal procedimiento policial” porque no se siguió con el protocolo para investigar femicidios y muertes violentas de mujeres, el cual se desarrolló como parte de la Iniciativa Spotlight.
“Todas las instituciones sabemos cómo se debería proceder en estos casos”, recordó Béjar, quien recalcó que al inicio “lo que llegó a Fiscalía es un levantamiento de cadáver”.
Agregó que ha tomado contacto con la madre y derivaron el caso a la Secretaría de Derechos Humanos para la atención psicológica correspondiente. Asímismo, el equipo de género dará acompañamiento mientras dure la investigación con la finalidad de evitar o disminuir los efectos de la revictimización.
Por su parte, Janneth Sierra, madre de Camila, narró nuevamente los hechos ante los asambleístas y aseveró que el día del fallecimiento su hija tuvo una discusión con su pareja, quien antes de llamar a la Policía llamó a sus abogados.
Por ello, solicitó a la comisión investigar al personal de la Policía que intervino en este procedimiento.
“Han sido cinco meses de mucho dolor, no ha sido solo la pérdida de mi hija Camila, sino también he tenido que afrontar la indolencia de las instituciones del Estado y específicamente de la Dinased por el mal procedimiento en el acto que perdió la vida mi hija Camila”.
La madre también alertó que el acusado estaría por salir del país: “El señor ya está vendiendo sus bienes con el pretexto de que se va a estudiar al exterior”.
ASAMBLEÍSTAS CUESTIONAN
La legisladora de la ID, Johanna Moreira, expresó su preocupación porque recién un mes después de la muerte de Camila se remitió a la Fiscalía el acto administrativo de levantamiento del cadáver y después de casi tres meses, en octubre, el caso pasó a la Unidad de Género.
Mientras que Jhajaira Urresta, de UNES, manifestó que se trata de un hecho que deja muchas inquietudes, pues se evidenció la falta de capacitación de los servidores responsables de atender alertas y emergencias, a la vez denunció que no se levantó el respectivo parte policial, hecho que dificultó el proceso investigativo.
La Comisión de Justicia solicitó al fiscal del caso que remita los nombres del personal de la Policía que intervino el 16 de junio, día en que falleció trágicamente Camila.
También enviaron a Fiscalía la denuncia de la madre de la víctima, en el sentido que el presunto agresor intenta salir del país, a fin de que, de ser el caso, dicte las medidas cautelares y prohíba la salida del sospechoso.
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