Fiscalía corrige a la baja cifra de muertos en masacre carcelaria
El organismo reconoció en un comunicado que el sábado reportó sobre el levantamiento de 68 cadáveres.
La Fiscalía General del Estado corrigió a la baja este miércoles la cifra de muertos que dejó una masacre el fin de semana en la Penitenciaría de Guayaquil, estableciendo el número de fallecidos en 62.
El organismo reconoció en un comunicado que el sábado reportó sobre el levantamiento de 68 cadáveres, pero dijo que luego de las autopsias practicadas "se determinó que son 62 muertos".
Luego de las 81 autopsias practicadas, se contabilizaron 62 cuerpos (y 19 piezas anatómicas). Del total de cadáveres ingresados a Medicina Legal, 61 fueron levantados en la Penitenciaría y 1 traslado desde un hospital, y -de estos- 48 han sido identificados: 41 por huellas dactilares, 2 por antropología y 5 por huellas dactilares y antropología.
Las autoridades han señalado que tras el enfrentamiento en la penitenciaría Guayas 1 quedaron algunos cuerpos desmembrados y quemados. Y el gobierno calificó de "barbarie" el hecho.
La matanza se produjo entre viernes y sábado cuando reclusos de un pabellón ingresaron a otro para matar a los miembros de una banda rival usando armas de fuego, explosivos y machetes.
La cárcel Guayas 1 fue escenario en septiembre de una revuelta que dejó 119 fallecidos, constituyéndose en la mayor masacre carcelaria de Ecuador y una de las peores de Latinoamérica.
La última matanza derivó en el reemplazo del jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y del director del organismo encargado de las prisiones.
Frente a la grave crisis carcelaria, el presidente Guillermo Lasso ordenó que la fuerza pública intervenga en la penitenciaría. Unos mil militares y policías asumieron el martes el control de los exteriores y pabellones de la principal cárcel de Guayaquil.
El gobernante también anunció un plan para iniciar un proceso de pacificación en las prisiones, agilizar el otorgamiento de beneficios e indultos con miras a reducir la sobrepoblación carcelaria y el envío de policías y militares para garantizar la seguridad a todo el sistema penitenciario.
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