Fallece Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, por COVID-19
Según información preliminar, Rivera estaba contagiado con la COVID-19.
Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente de la República Jorge Glas, falleció la madrugada de este sábado 15 de enero del 2022, en Guayaquil.
Según información preliminar, Rivera estaba contagiado con la COVID-19 y su muerte fue debido a complicaciones con esa enfermedad.
Él cumplía su pena en libertad bajo régimen semiabierto desde el pasado 9 de diciembre de 2021, cuando salió de la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido tras una condena de seis años por el delito de asociación ilícita, dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.
Un informe de buen comportamiento y el hecho de no tener otros procesos penales en trámite, fueron elementos suficientes para que el juez de Garantías Penitenciarias, José Luis Jiménez, aceptara el recurso a favor de Rivera.
Como parte de las medidas, se dispuso la colocación de un grillete electrónico a Rivera. Además, el juez ordenó que se presente periódicamente ante la Fiscalía, acudir semanalmente a una unidad de reinserción para realizar actividades sociales y comunitarias.
Tampoco podía cambiar de lugar de residencia ni cometer algún otro delito o contravención.
#SNAInforma | El señor Ricardo R. - falleció esta mañana en Guayaquil, quien contaba con cambio de régimen (semiabierto). El SNAI procederá al retiro del dispositivo de vigilancia electrónica. pic.twitter.com/vwyq351RMG
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) January 15, 2022
Rivera fue detenido en junio de 2017 y sentenciado en diciembre de ese mismo año. Él habría sido el enlace con la empresa brasileña Odebrecht para recibir sobornos a nombre de Glas a cambio de contratos con el Estado.
Fiscalía demostró que los sentenciados se asociaron ilícitamente con el fin de atentar contra la propiedad pública estatal y cometer delitos contra la eficiente administración pública para obtener un beneficio económico en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.
Por este caso fueron sentenciadas ocho personas y a todos se les ordenó pagar más de 33 millones de dólares al Estado.
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