Por la demora en la devolución y trabas en el proceso de constatación, en octubre de 2022 el liquidador de UNA EP presentó ante la Fiscalía de Daule una solicitud de actuación fiscal urgente, lo cual devino en un allanamiento a las instalaciones de la piladora, en el que se descubrió que "no estaban almacenados los 196.278 quintales con productos de la empresa pública", indicó la Contraloría mediante un comunicado.
"El contratista incumplió durante 1.036 días el cronograma de entregas de los productos a su cargo y no observó sus obligaciones contractuales, como rotar continuamente el producto para cuidar su calidad y preservación. Sin embargo, los administradores del contrato no impusieron multas por 145.754 dólares ni solicitaron la terminación unilateral del contrato", precisó el organismo de control.
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Además, en la auditoría sobre la administración de bienes se descubrieron diferencias por 5’832.901 dólares entre los saldos contables y el stock real en las bodegas. Pese a ello, en los registros de la UNA no se evidenciaban egresos o bajas del inventario que justifiquen el uso de las existencias, ni la ejecución de constataciones físicas a las bodegas de la UNA entre 2018 y 2022.
"Sobre las gestiones de cobro, el informe del examen especial indica que, al 31 de marzo de 2023, la UNA EP tenía facturas vencidas por hasta 1.922 días, que ascendieron a USD 123.008. El equipo de control concluyó que los funcionarios no habrían emitido las órdenes de cobro oportunamente", determinó la Contraloría.