La evolución del crimen en Ecuador: de delincuencia común a terrorismo
Así ha escalado la violencia en Ecuador en los últimos siete años.
Ecuador ha vivido una escalada de violencia desde hace siete años, la cual desembocó en la declaración del conflicto armado interno. Los grupos criminales pasaron a ser denominados como terroristas, en parte para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre el protagonismo que se les dio a las bandas criminales al clasificarlas de esa manera y los resultados que ha dejado la medida.
Revise: Más niños ingresan a las bandas criminales en Ecuador, ante la inacción del Estado
En Ecuador se empezó a hablar de terrorismo a partir de los atentados del 2018 en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, los cuales fueron dirigidos por grupos disidentes de las FARC de Colombia. Un coche bomba explotó en las inmediaciones de un cuartel policial el 27 de enero.
“Es un acto terrorista ligado a bandas de narcotraficantes que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad”, declaró el entonces presidente Lenín Moreno en aquella época. Casi dos meses después, el 20 de marzo, hubo otra detonación, pero en la carretera San Lorenzo-Mataje.
Ese mismo mes, un equipo periodístico del diario El Comercio fue secuestrado en Mataje por el Frente Oliver Sinisterra. Posteriormente, se confirmó el asesinato de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra.
Durante el 2019 hubo relativa calma, aunque ya se empezaban a registrar enfrentamientos en las cárceles y asesinatos en las calles relacionados con las disputas entre las bandas. En el 2020 las muertes violentas disminuyeron por la pandemia del covid-19, pero en diciembre de ese año, asesinaron a Jorge Luis Zambrano (alias ‘Rasquiña’), líder de la banda criminal ‘Los Choneros’.
Este hecho marcó un punto de inflexión en las estructuras delictivas, pues empezaron a aparecer otros grupos como ‘Los Lobos’, ‘Los Águilas’, ‘ChoneKiller’, etc. Actualmente, 22 bandas criminales son consideradas terroristas.
Para 2021 las cárceles habían pasado de ser escuelas de la delincuencia a centros de operaciones de las estructuras criminales. Además, se registró la primera masacre simultánea en cuatro centros penitenciarios del país, la cual dejó 79 muertos.
Pero a partir de 2022 estalló una ola de violencia marcada por asesinatos en contra de autoridades, secuestros, sicariatos, cuerpos desmembrados, coches bomba, motines penitenciarios, etc.
Uno de los hechos que más causó consternación fue la explosión en el barrio Cristo del Consuelo, al sur de Guayaquil. El atentado provocó la muerte de cinco personas, incluidas víctimas colaterales como Roxana Montaño, una madre que se sacrificó para rescatar a su familia.
En el 2023 las tácticas delictivas se agudizaron. En marzo, un empleado de una joyería en Guayaquil fue atado con explosivos. Agentes policiales lograron desactivar los artefactos. Este y otros crímenes provocaron que el expresidente Guillermo Lasso declarara al terrorismo como amenaza contra la seguridad pública del Estado, el 27 de abril de ese año.
No obstante, la violencia continuó y escaló a la esfera política. El entonces alcalde Manta, Agustín Intriago, fue asesinado en julio de ese año mientras recorría un barrio. Un mes después, el excandidato presidencial Fernando Villavicencio también fue atacado a disparos al salir de un coliseo en Quito. El magnicidio se habría llevado a cabo como represalia por sus denuncias e investigaciones.
Revise: Un año sin Fernando Villavicencio: los eslabones del crimen y las preguntas inconclusas
BANDAS SON TRATADAS COMO TERRORISTAS
En enero del 2024, José Adolfo Macias Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de ‘Los Choneros’, escapó de una cárcel de Guayaquil. Luego, se produjeron una serie de ataques contra civiles y policías. El más trascendente fue la irrupción de un grupo de encapuchados en la cadena TC Televisión. Los implicados, incluidos menores de edad, aparecieron en un programa en vivo, lo cual causó miedo en toda la población ecuatoriana.
Es así que el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno, con el cual las organizaciones delictivas pasaron a ser consideradas como terroristas. Además, los militares permanecen en las cárceles y efectúan operativos junto a la Policía Nacional.
“Hemos reducido los índices de violencia en más de un 20% en casi todas sus formas”, aseguró Noboa durante la Cumbre Latinoamericana de Seguridad, donde defendió su decisión de declarar conflicto armado interno y pidió apoyo internacional “para derrotar al terrorismo y a las mafias de cuello blanco”.
Por su parte, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, manifestó en ese mismo evento que “las cosas afortunadamente han podido ser controladas”. Argumentó que del primero de enero al 18 de agosto del 2023 la tasa de criminalidad era de 26.51%, pero en ese mismo periodo del 2024 la cifra cayó al 21.83%.
No obstante, en este año, las masacres se han vuelto más comunes, sobre todo en localidades manabitas como Manta y en el cantón guayasense, Durán. De hecho, el bloque de seguridad realizó intervenciones en esas dos zonas. Así mismo, el presidente Noboa ha decretado tres veces estado de excepción de manera focalizada para contener el avance de la criminalidad.
¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO?
Katherine Herrera, consultora política en Seguridad Pública de Estado, considera que fue un error denominar a las organizaciones criminales como terroristas porque el término hace referencia a otras características que no cumplen las bandas del país. Además, “en el momento que una nación reconoce a un grupo como terrorista, se le da protagonismo para que pueda declarar la guerra cuando ellos quieran”.
Tras casi ocho meses del conflicto armado interno, la experta en seguridad menciona que fue una “medida acertada” porque las bandas habían incrementado la violencia. Sin embargo, señala que no se está trabajando de manera articulada con otras entidades y se confía en los operativos como principal medida de control.
Detalla que los criminales que operaban en sectores intervenidos por las autoridades, ahora se están trasladando a otras zonas más tranquilas, mientras que aquellos que no pudieron salir han agudizado otros negocios ilícitos como secuestros y extorsiones.
Según el portal de verificación de datos, ‘Lupa Media’, hasta junio del 2024, se contabiliza un incremento del 35% en secuestros extorsivos a nivel nacional. Mientras que la Fiscalía ha registrado 13.993 denuncias por extorsión y en el 2023 fueron 8.983, por lo cual hay un aumento del 57% en lo que va de este año.
“El crimen organizado opera mucho más en comunidades por la ausencia del Estado”, concluye Herrera, quien añade que una vez que las autoridades salen de los lugares intervenidos, los delincuentes regresan y se disputan territorios con otros grupos que intentan ocupar el lugar que dejaron.
Así mismo, las organizaciones delictivas empiezan a reclutar a más personas y los niños son los más vulnerables para caer en estas redes “porque el Estado no les da otras alternativas”. De hecho, el 60% de los miembros de las bandas delictivas son menores de edad, según el estudio “Doble criminalización en cantones de 'alta peligrosidad' en Ecuador: un análisis in situ”.
Por su parte, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, resalta que la mano dura no es la única solución, sino que falta política pública e inclusión social justamente en las zonas con más índices de violencia como Durán o Manta.
“Tenemos que dejar de lado el Plan Fénix que no sabemos si se implementó o no, nadie lo conoce, a pasar a un plan nacional de seguridad integral con Municipios, universidades, sector privado y todas las carteras de Estado para sacar a miles de jóvenes de la criminalidad”, apunta el experto.
.png)
