Con la pena máxima contemplada en el código penal de Ecuador por el delito de terrorismo, la sentencia recayó sobre Jorge Alberto S. A. y Harol Elías C. M., responsables para el juez de la explosión ocurrida cerca de una Unidad de Vigilancia Comunitaria Policial (UVC) el 29 de mayo de 2022.
El puesto policial estaba en la ciudadela Florida, situada en el norte de Guayaquil, y el estallido causó la destrucción de un taxi y dejó daños menores en un patrullero de la Policía.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía durante el juicio estaban informes de audios y videos que guardan relación con la extracción de información a teléfonos celulares de uno de los procesados, donde se encontraron conversaciones de chat.
También presentó el peritaje posterior a la explosión, el reconocimiento del lugar de los hechos y el informe de evidencias recolectadas tras el hecho.
La investigación determinó que los ahora sentenciados serían presuntamente integrantes de un grupo delictivo y que la detonación del automotor habría sido una represalia contra ciudadanos y agentes policiales del sector, por acciones realizadas en favor de la comunidad.
La multa y la reparación integral impuesta a los procesados se conocerán una vez notificada la sentencia por escrito a las partes procesales, añadió la Fiscalía.
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Durante el año pasado fueron varios carros bomba los que estallaron en diversos puntos de Guayaquil, considerados por las autoridades como una muestra de fuerza y poder del crimen organizado.
Estos episodios se enmarcan dentro de la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador, donde han proliferado los asesinatos cometidos por sicarios, extorsiones, secuestros, asaltos y robos, entre otros delitos, atribuidos a grupos de delincuencia organizada que, según las autoridades, tienen vínculos con carteles internacionales del narcotráfico.
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