Este martes 24 de enero, a 26 miembros de la banda Chone Killers se los señaló como autores del asesinato de policías y atentados terroristas que se llevaron a cabo en Durán, desde el 1 hasta el 3 de noviembre del 2022.
Cinco de los individuos fueron detenidos en noviembre por su implicación en una balacera contra la Policía. Aquel mismo mes, otros tres sujetos del grupo fueron arrestados por tener en su poder un arsenal de armas de fuego.
Se informó que dichos aprehendidos, junto a otras dos personas que fueron capturadas en el cantón de Durán para ser sometidas a pericias investigativas, serán trasladados al Cuartel Modelo, ubicado en Guayaquil.
En aquellas instalaciones de la Policía se reunirá la evidencia en contra de la decena de detenidos, que consiste en armas, municiones, explosivos, dinero y droga, para que se proceda a una audiencia.
El general Fausto Olivo, jefe de Inteligencia, informó que diez adolescentes, presuntamente implicados en los delitos, no fueron detenidos por restricciones dentro de cuerpos legales.
De acuerdo al directivo, los menores habrían efectuado disparos y colocado explosivos en gasolineras y unidades policiales.
Olivo señaló que, de acuerdo a la Ley, a los menores de edad solo se los puede detener en flagrancia o para una formulación de cargos, no como parte de un proceso investigativo al que se vean relacionados.
En cambio, los menores de edad serán investigados por la Fiscalía General del Estado, dentro de un proceso que puede extenderse por más de un año, afirmó la Policía.
Aquellas restricciones suponen una dificultad dentro del combate al crimen organizado para el ministro del Interior, Juan Zapata, por lo que afirmó que las leyes deberían ser modificadas para permitir la detención de menores de edad implicados en delitos graves para fines investigativos.
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Los asesinatos y atentados en Durán que serán referidos en la audiencia sucedieron durante los primeros días del estado de excepción decretado en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas el pasado 1 de noviembre del 2022.
La medida, dispuesta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, surgió como respuesta a una escalada de violencia criminal y se extendió por 45 días.