El excandidato presidencial y líder del partido político Fuerza Ecuador (FE), Abdalá Bucaram Pulley, regresó a Guayaquil luego de que el juez de Garantías Penales Ronald Guerrero Cruz dictara sobreseimiento a su favor, de su esposa Gabriela Pazmiño y de su hermano Michell Bucaram Pulley, en el proceso por presunta delincuencia organizada para acceder a convenios de pago irregulares en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Bucaram, a quien también se lo conoce como Dalo, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial en relación al caso; sin embargo en redes sociales ha publicado mensajes en los que indica que se habría hecho justicia.
Además, hizo una aclaración sobre una supuesta demanda contra el Estado ecuatoriano, tras unas declaraciones de su abogado Alfredo Arboleda.
“No tengo intención de demandar al Estado, lo único que en estos momentos quiero, después de un año de persecución implacabable, es estar en paz con Dios, con mis hijos, mi familia”, dijo Bucaram a Diario El Universo.
Además, el exlegislador indicó que regresará a Ciudad de Panamá, donde junto a su familia ha establecido su residencia y que prefiere estar alejado de la política, al menos por unos 10 años.
Gabriela Pazmiño tiene estatus de refugiada y Dalo Bucaram de asilado político en ese país.
Cuan se conoció la resolución judicial, los esposos publicaron algunos mensajes en los que celebraban el dictamen del juez.
"Yo creo en un Dios de milagros, cuando el mundo te señale, recuerdo sólo Dios conoce tu corazón y Él es quien hará justicia!!!! DIOS ES BUENO, gracias Señor!!!! No diré más..... por ahora #FuerzayFe", escribió Bucaram en su cuenta de Instagram.
No obstante, la Fiscalía presentó la apelación de forma verbal por el sobreseimiento, al no estar de acuerdo con esa decisión.
Mientas que, tras haber analizado los elementos de convicción expuestos por Fiscalía, el juez Guerrero llamó a juicio a doce de dieciséis procesados por el presunto delito de delincuencia organizada, entre ellos a Daniel Salcedo y Jacobo Bucaram Pulley.
Según el fiscal, estos ciudadanos serían parte de una estructura delictiva que habría favorecido a grupos y empresarios a través de convenios de pago ilícitos en los hospitales antes mencionados, algunos de los cuales superan el millón de dólares.