Crisis en cinco cárceles de Guayaquil por suspensión de alimentos para los presos: "La Roca" es una de las afectadas
Se incrementaron las cárceles de Ecuador sin proveedor de alimentos para los presos, con la suspensión del servicio para las prisiones de Guayaquil, donde se encuentra el mayor complejo carcelario del país con unos 12.600 reos en su interior, más de un tercio de la población penitenciaria total del país.
La empresa proveedora, que desde el 1 de mayo ya había suspendido el servicio de alimentos en cárceles de ocho de las veinticuatro provincias del país, confirmó este domingo que desde el sábado 1 de junio tampoco presta el servicio en las prisiones de Guayaquil.
Dentro del complejo penitenciario de Guayaquil, compuesto por cinco prisiones, se encuentra la Penitenciaría del Litoral y la Cárcel Regional de Guayaquil, con 6.410 y 4.216 presos, respectivamente, según el último registro publicado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
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También es parte de este conjunto de cárceles La Roca, la cárcel de máxima seguridad, donde se encuentran los presos de mayor peligrosidad, así como también el exvicepresidente Jorge Glas.
La compañía Lafattoria S.A. explicó en un comunicado que suspendió el servicio de alimentación "debido a la falta de pagos, ya que el Estado se ha negado a cancelar los valores pendientes, que alcanzan los 30 millones de dólares".
"Esta deuda ha sido públicamente reconocida por las autoridades estatales", aseguró la empresa, quien señaló que la suspensión del servicio conlleva también la desvinculación de más de 200 colaboradores.
"La falta de pago ha generado que la empresa no pueda cancelar sus obligaciones a cientos de proveedores, quienes a su vez han debido suspender los despachos de materia prima", añadió.
El presidente Daniel Noboa justificó su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. en que presuntamente esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado.
"Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado", aseguró Noboa en un mensaje a inicios de mayo, cuando Lafattoria S.A. ya suspendió el servicio de alimentos a las cárceles del norte del país donde se encargaba del abastecimiento de comida.
Según Noboa, los gobiernos que antecedieron al suyo "entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política".
Desde el viernes organizaciones defensores de los derechos humanos advirtieron que se iba a producir esta suspensión del servicio de alimentos en las cárceles de Guayaquil.
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, de Guayaquil, recordó que su organismo ganó una medida cautelar en el sistema judicial para evitar el desabastecimiento de comida en las cárceles del norte del país, "y hasta hoy no la cumplen".
"Las donaciones de familiares y la iglesia han sostenido la crisis. Ahora, se suspende en la zona 3 (Guayaquil)... política de muerte", dijo Bastias, para quien el motivo es que no existe voluntad política.
Por su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) señaló en un comunicado que está "en la fase precontractual" para un nuevo contrato de provisión de comida en las cárceles de Guayas.
En un informe presentado el miércoles sobre violaciones a los derechos humanos durante la militarización de las cárceles ordenada por Noboa desde inicios de años, la Defensoría del Pueblo reportó la existencia de muertes violentas de presos en el interior de las cárceles con indicios de torturas y alertas de decesos de reclusos con signos de desnutrición.
Las prisiones son uno de los epicentros de la crisis de violencia que azota a Ecuador, al haber estado dominadas muros adentro por las bandas criminales, y registrar entre 2020 y 2023 más de 500 presos asesinados, la mayoría en una serie de cruentas masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales.
Hasta el momento Noboa ha cerrado filas en torno a las fuerzas estatales frente a las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante lo que el jefe de Estado ha denominado como una "guerra" al crimen organizado.
