Consejo de Participación Ciudadana insta al Consejo de la Judicatura a que considere declarar la nulidad parcial o total del concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia, luego de que los informes de Veeduría determinaran anomalías
Atendiendo el pedido de la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, los miembros de la Veeduría Ciudadana conformada para vigilar el concurso para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se presentaron, el miércoles 25 de noviembre, para informar sus observaciones realizadas hasta el momento.
Con base en los informes, el Pleno del CPCCS resolvió instar al Consejo de la Judicatura (CJ) a considerar la nulidad parcial o total del concurso.
“Necesitamos tener una designación de jueces transparente” aseveró Almeida, a la vez que destacó que este es un tema muy importante para la lucha contra la corrupción, pues todo lo que realizan las entidades de control termina en la justicia.
La coordinadora de la Veeduría, Johanna Maldonado, señaló que, existen serias observaciones al sistema informático, en el reglamento se evidencia que existe mejor calificación para las personas que provienen de la Función Judicial, existe demora en la entrega de información por parte del CJ, así como una tardía convocatoria para que los veedores constaten el avance de las diferentes etapas del proceso.
De acuerdo a su análisis, la veedora Ana Abril, que integra la comisión jurídica del mecanismo, manifestó que, en su criterio, el CPCCS debe exhortar al Consejo de la Judicatura para declarar la nulidad del concurso, pues considera que existen causales debido a fallas en el reglamento, falencias en el sistema informático y la falta de disponibilidad de las partidas presupuestarias.
El veedor Carlos González expuso que, en su opinión, no existen vicios de nulidad del proceso y que los veedores permanecen vigilantes de que exista un comportamiento ético en el concurso.
Gustavo Lemos, veedor encargado del análisis del sistema informático, indicó que debido a que el sistema no cuenta con una certificación que garantice la transparencia del concurso, queda abierta la posibilidad de que se hayan presentado fallas con perjuicio a concursantes y, de que pueda ser modificado, internamente, a conveniencia.
Una vez que se escucharon todas las intervenciones de los veedores, por moción del consejero David Rosero, el Pleno del CPCCS resolvió solicitar a la Contraloría General del Estado realice un examen especial al sistema informático del concurso para la designación de las y los jueces de la CNJ en aras de la transparencia.
Por moción de la vocal Ibeth Estupiñán, se resolvió acoger los informes presentados (de minoría y de mayoría) por la Veeduría Ciudadana que vigila el concurso.
Finalmente, por pedido de Rosero, se aprobó instar al Consejo de la Judicatura a que, en uso de sus facultades y con base en los informes de la Veeduría Ciudadana que vigila el concurso, considere aplicar el Art. 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, que determina: “Si en las diferentes fases del proceso de los concursos se advirtiese alguna anomalía importante, que lo afecte de nulidad insanable, se rehará el procedimiento, total o parcialmente, por resolución de quien dirige el respectivo concurso”.
Al concurso aún le quedan dos fases: la teórica y la práctica. Quienes no alcancen 80 de los 100 puntos no podrán ocupar una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, en donde solo hay 16 vacantes.
Sin embargo, ninguno de los 100 aspirantes a jueces obtuvo la calificación máxima en la fase de méritos. De hecho, solo dos postulantes superaron los 20 de los 25 puntos en esta fase, de acuerdo a los resultados publicados en la página web del Consejo de la Judicatura.
Los más altos puntajes los alcanzaron Gilda Morales (21) y Alejandro Artega (20,5). Cuarenta de los participantes obtuvieron entre 10 y 20 puntos; y la mayoría, es decir 58, no consiguió más de 10 puntos.