La Corte Provincial de Justicia de Azuay, en el sur de Ecuador, rechazó este martes que sus recientes decisiones de traslado de presos de la cárcel de Cuenca hayan propiciado la matanza de 44 presos el lunes en un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas.
De este modo, los jueces de Azuay respondieron a las declaraciones realizadas horas antes por el director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a personas privadas de libertad, Pablo Ramírez, quien aseguró que las decisiones de trasladar 124 presos de una cárcel a otra causaron el reciente baño de sangre.
En un comunicado, la presidenta de la Corte, Alexandra Vallejo, afirmó que los jueces y juezas no son responsables de la crisis carcelaria de Ecuador, que acumula más de 400 presos muertos desde 2020 en enfrentamientos entre bandas rivales que disputan el control interno de los centros penitenciarios.
Vallejo recordó que la seguridad de las cárceles es responsabilidad únicamente del SNAI, el organismo estatal encargado de administrar y custodiar las prisiones, al que acusó de haber perdido el control de los mismos y permitir el ingreso de armas letales letales con las que se perpetran las matanzas.
En ese sentido, la jueza detalló que la Corte de Azuay recibió 123 solicitudes de habeas corpus de presos recluidos en la cárcel de Cuenca, después de que esta fuese escenario el 3 de abril de la primera gran matanza de este 2022 en las prisiones de Ecuador, donde murieron 20 reos y al menos otros 10 quedaron heridos.
"Ante las masacres que se vienen perpetrando, es lógico el temor que las personas privadas de libertad tienen de ser la próxima víctima, y en algunos casos ya han sido amenazados", señaló la jueza en un comunicado.
"Ese es un temor real, inminente y objetivo, razón por la cual se interponen habeas corpus", añadió.
Además, la presidente de la Corte apuntó que "es el SNAI el que debe demostrar que no corre riesgo la integridad de quienes se encuentran bajo su custodia, pero al llegar a las audiencias los funcionarios tienen un papel pasivo y su defensa es nula", e incluso aseguró que no presentan apelaciones en la mayoría de casos.
TRASLADOS SIN PREVIA COORDINACIÓN
Esto contradice lo afirmado en la mañana de este martes por Ramírez, quien atribuyó la matanza de la cárcel de Santo Domingo a los numerosos habeas corpus concedidos en las últimas semanas a presos de la cárcel de Azuay para ser trasladados a esta prisión.
En declaraciones al canal Teleamazonas, Ramírez aseguró que la Justicia concedió el traslado de la cárcel de Cuenca a la de Santo Domingo a 124 reclusos que lo solicitaron tras la matanza del 3 de abril.
El director del SNAI aseveró también que estas decisiones judiciales dificultan la gobernanza de las prisiones al realizarse sin el aval de los informes de seguridad de su organismo, y sin tener en cuenta criterios como el nivel de peligrosidad del preso, el hacinamiento, los recursos humanos y logísticos y la infraestructura.
La cárcel de Santo Domingo es una de las más hacinadas de Ecuador, pues cuenta con espacio para 916 reclusos, pero actualmente alberga más de 1.600, lo que supone una sobrepoblación de casi el 75 %.
CABECILLA ENTRE LOS TRASLADADOS
Pocas horas después de la masacre, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ya había apuntado como detonante del sanguinario motín al traslado a la cárcel de Santo Domingo de Freddy Anchundia, al que las autoridades consideran uno de los líderes de la banda criminal R7 y supuesto causante de la matanza de Cuenca.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que instaba al Gobierno ecuatoriano a recuperar el control de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
De acuerdo con el director del SNAI, actualmente hay 33.000 presos en los 36 centros que tiene Ecuador, cuya capacidad total es para poco más de 30.000.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno de Ecuador busca contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores e implementar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria.
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