Contraloría identifica las principales falencias en la emisión de carnés de discapacidad
Contraloría consolidó las irregularidades recurrentes en la emisión de carnés de discapacidad en su quinto reporte de control público.
Un total de 68 informes de la Contraloría General del Estado (CGE), aprobados entre 2020 y 2021, dejaron al descubierto las falencias en la calificación para el otorgamiento de carnés de discapacidad, tales como: el incumplimiento de regulaciones de la autoridad sanitaria, la falta de documentación de respaldo y equipos de servidores calificadores no acreditados.
El organismo examinó el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), realizado entre 2014 y 2020.
La falencia más recurrente es el incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos, debido a que, según la CGE, los equipos conformados para la calificación de discapacidades no requirieron informes de especialistas, certificados médicos y la evaluación de trabajo social.
En consecuencia, la valoración de porcentajes de discapacidad no contó con una evaluación completa, como por ejemplo de factores sociales y complementarios de los pacientes. Se determinó que se emplearon criterios emitidos sin evidencia científica actual y que no se incluyó un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos.
Las auditorías también señalan que no se respetó el debido proceso cuando la apertura de la historia clínica, evaluación, calificación y emisión del carné de discapacidad se realizó en un solo día. En aquellos casos se evidenció cifras sobrevaloradas en la calificación de factores sociales y emisión del carné de discapacidad con porcentajes de discapacidad que no correspondían a la realidad de los pacientes.
Inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades fue la segunda falencia recurrente. Personas que no cumplieron porcentajes mínimos de discapacidad fueron acreditadas con esta condición, pese a no cumplir los requisitos.
Además, en varios expedientes se determinó que la calificación de discapacidades físicas, auditivas y visuales fueron calificadas por profesionales no aptos para determinar ni evaluar este tipo de condiciones.
SIN FIRMAS DE RESPONSABILIDAD
También se identificaron errores en la sumatoria de puntajes, sin nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las respectivas firmas de responsabilidad. La falta de supervisión y control fue la principal causa de estas deficiencias.
La tercera falencia reiterativa fue la falta de documentos físicos y digitales de respaldo. Los hallazgos de auditoría evidencian que historias clínicas no contaron con documentación que justifiquen los porcentajes o el tipo de discapacidad acreditada a varios pacientes. Tampoco se registraron los anexos técnicos respectivos en el Sistema Informático en Línea (SIL), del MSP.
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Calificadores no acreditados o equipos de calificadores incompletos fue la cuarta falencia recurrente. Los resultados indican que los profesionales que integraron los equipos calificadores no contaron con los certificados de: actualización de conocimientos, aprobación de capacitación virtual y de observador de procesos de calificaciones, ni demostraron estar habilitados en el SIL, según dispone la normativa correspondiente. Esta situación se produjo debido a que las autoridades de las entidades acreditadoras no validaron la idoneidad de los profesionales.
Finalmente, se identificaron casos en que los equipos calificadores no contaron con todo el personal necesario para valorar o recalificar a personas con discapacidad.
Por lo que según el ente de control, "esto conllevó a que los beneficiarios de carnés de discapacidad no hayan sido evaluados de forma objetiva y que las puntuaciones asignadas no se sustenten en criterios técnicos".
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