La Contraloría General del Estado determinó responsabilidades civiles por más de $ 18 millones, como resultado del examen especial a la contratación, ejecución y liquidación de pólizas de seguro de vida en grupo, en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
De acuerdo con la auditoría, en el BIESS no se realizaron gestiones para ejecutar la póliza que resguardaba las operaciones crediticias en caso de desempleo de los asegurados.
Por lo que el organismo de control confirmó responsabilidades civiles por el monto de $ 18’005.721, a exfuncionarios del Biess, "debido a que no reclamaron la póliza de cobertura para los afiliados que accedieron a préstamos y perdieron sus empleos".
La resolución, suscrita en enero de este año, ratifica glosas y dispone la emisión y el inicio del proceso de recaudación de títulos de crédito a ex gerentes generales, gerentes encargados, gerentes y subgerentes de crédito y de operaciones del Biess, que ejercieron funciones entre 2016 y 2018, quienes no implementaron controles en procesos críticos para la mitigación de riesgos en operaciones crediticias.
El Biess y Seguros Sucre suscribieron la “póliza de seguro de vida en grupo”, vigente desde agosto de 2015 hasta octubre de 2016, en la cual constaba, entre otros aspectos, la cobertura de desempleo de los afiliados que recibieron préstamos hipotecarios, en caso de quedar cesantes.
La glosa corresponde a 3.894 préstamos hipotecarios por $ 7’221.929,54 y otras 6.760 operaciones crediticias, que ascienden a $ 10’783.792,60; casos en los que no se presentaron los reclamos ante la aseguradora para recuperar estos valores en favor del Biess.
Según Contraloría, el banco no realizó acciones, dentro del plazo de dos años señalados en la ley, para que Seguros Sucre ejecute la cobertura. El Biess inició los trámites luego de que la póliza había prescrito, por lo que la entidad se vio afectada económicamente por el valor de la responsabilidad civil culposa confirmada.
Los gerentes generales de la entidad tampoco remitieron oportunamente la documentación de respaldo de los deudores requerida por la aseguradora, como: cartas de notificación de los reclamos, copias de cédulas de identidad, actas de finiquito del Ministerio de Relaciones Laborales, copias certificadas de contratos de trabajo y de las indemnizaciones de los empleadores y certificaciones del IESS y del SRI de no ejercer actividades económicas.