Dentro del caso "Metástasis", que se sigue por el presunto delito de delincuencia organizada contra Wilman Terán y otros 51 procesados, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el ingreso de Mayra Salazar y la fiscal Lidia Sarabia al Sistema de Protección de la institución.
La fiscal general Diana Salazar ha interpuesto una solicitud ante el juez Felipe Córdova de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, que tiene como objetivo fijar una fecha para recibir testimonio anticipado de ambas partes.
"Conforme a lo señalado en el articulo 444, numeral 7, 501,502, numeral 5 y 560, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, solicito se digne señalar día y hora para que se recepte los testimonios anticipados de la abogada Lidia Sarabia y Mayra Salazar, quienes actualmente se encuentran ingresadas en el Sistema de Protección de Víctimas y Testigos", dice el escrito presentado por la fiscal general. Salazar será tratada como procesada, mientras que Sarabia brindará testimonio en calidad de testigo.
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La fiscal ha hecho hincapié en la importancia de considerar el principio de reserva y confidencialidad que protege a las personas bajo este sistema de protección en el proceso penal. Por esta razón, la documentación que respalda el ingreso de las personas protegidas al sistema no se adjunta en la solicitud, pero será presentada durante la diligencia.
Asimismo, se ha solicitado que una vez que se lleve a cabo la diligencia, se entregue una copia certificada de las actas de testimonio anticipado para su archivo y análisis.
Se espera que el juez tome en consideración estas solicitudes y proceda de acuerdo con el marco legal establecido.
Esta investigación se inició tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, en octubre de 2022.
Salazar, quien trabajaba en el área de comunicación de la Corte Provincial del Guayas, fue detenida por el caso Metástasis porque coordinaba favores judiciales para el narco Leandro Norero y su familia.
Según la Fiscal General, esta causa reveló cómo el sistema judicial está gangrenado, hasta el punto que es imposible regenerarlo sin antes haber depurado –de forma profunda– todas las estructuras corrompidas: “por eso es fundamental llegar a la verdad procesal”.