Caso Fiesta-Concierto: Policía presentó versiones contradictorias
Dos presuntos líderes de “Los Choneros” y “Los Águilas” detenidos en la fiesta-concierto.
El Consejo de la Judicatura solicitó información para investigar este caso. Dos de los detenidos en la fiesta-concierto de mayo recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
Actualizado el 8 de agosto de 2024*
Estuvieron menos de diez semanas privados de la libertad. El 25 de julio, la jueza Fabiola V. dispuso que Celso Moreira y Federico Gómez se acogieran a medidas alternativas a la prisión preventiva. Deberán presentarse los días lunes, miércoles y viernes ante el fiscal.
Se trata del caso de la fiesta-concierto realizada el 10 de mayo de este año en la vía a la Costa. Durante el festejo por el cumpleaños de Moreira hubo artistas y espectáculos de luces. La policía incursionó en horas de la madrugada; halló armas. Y detuvo a 33 personas, incluyendo al organizador del festejo. Un fiscal emitió dictamen abstentivo contra 14 de los asistentes.
A fines de julio, Moreira y Gómez recibieron el cambio de medida cautelar, en sustitución de la prisión preventiva.
Según la defensa de Moreira Heredia, quien contactó a este medio por escrito, “la contradictoria versión de los agentes policiales que participaron en la jornada del pasado 10 de mayo dio lugar al cambio de la medida cautelar”.
Amira Vergara es la abogada defensora de Moreira. En el documento remitido desde el despacho jurídico que representa a Moreira afirmó que “Uno de los agentes aprehensores en primera instancia declaró que no se pudo distinguir quiénes portaban armas y luego, en otra versión, extrañamente sostiene que mi defendido tenía un ‘aparente arma de fuego’”.
Según este argumento, las acusaciones presentaron inconsistencias lo que, “entre otros aspectos, conllevó a la decisión de la señora jueza, de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por una medida distinta”. Esto, con base en el principio de igualdad y proporcionalidad que habían sido aplicados previamente, a otros señalados en el caso.
Informes de Inteligencia vinculan a ambos personajes con estructuras delictivas. Según los registros judiciales, Moreira fue detenido previamente por tenencia y posesión de sustancias y por asociación ilícita.
Federico Gómez (“Feder”), ha enfrentado causas penales por robo calificado, transporte ilegal de armas, asesinato, asociación ilícita, robo y tráfico de armas de fuego. Ha estado detenido en siete ocasiones por delitos varios, entre ellos, asesinato, tenencia de armas no autorizadas, robo calificado. En enero de 2020 se acogió al beneficio el régimen semiabierto. En 2021 recibió el primero de cuatro hábeas corpus sucesivos.
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Así se dieron los hechos
La fiesta-concierto se realizó a inicios de mayo. Moreira celebraba su cumpleaños por todo lo alto. La magnitud de la celebración, con casi 300 invitados, algunos de los cuales portaban fusiles y armas, no pasó inadvertida para las autoridades. Equipos élite de la policía llegaron cuando la rumba aún estaba en pleno apogeo. Muchos asistentes salieron despavoridos, otros lanzaron las armas al suelo. Un grupo de 33 personas con antecedentes penales fue retenido en primera instancia para las investigaciones iniciales. El delegado de Fiscalía emitió dictamen abstentivo contra 14 asistentes, entre ellos, el DJ, los proveedores de ceviches, bocaditos, el representante de los artistas-imitadores, un empresario de electrodomésticos...
Entre quienes permanecieron bajo régimen de prisión preventiva se encontraban Moreira y Gómez.
A fines de julio ambos recibieron medidas sustitutivas. Según la versión de Moreira, no tuvo arma alguna en su poder cuando llegó la incursión policial. De acuerdo con su defensa, no se encontraron sus rastros de huellas dactilares en el arma de fuego cuya tenencia se le atribuía. Argumentó que se está defendiendo en libertad, al igual que las 15 personas “injustamente procesadas”.
Consejo de la Judicatura reacciona
Esta redacción consultó con fuentes del Consejo de la Judicatura, ante la noticia.
El caso tendría dos escenarios posibles. “Si se trata de asuntos jurisdiccionales se requiere que alguien denuncie y con la denuncia se corra traslado a una corte provincial para que tramite la declaratoria jurisdiccional previa. En este caso, solo deciden los jueces superiores”.
No obstante, estas fuentes revelaron que Judicatura ya pidió información sobre este expediente, para analizar si se incurrió en una falta en la que el Consejo puede actuar de oficio.
Desde hace cuatro meses, el CJ intensificó un proceso de depuración en el sistema de administración de justicia. En este contexto, 53 funcionarios judiciales fueron destituidos, con corte a junio de 2024. De este grupo, 25 son jueces. Ese cuerpo colegiado tiene sobre la mesa la propuesta de evaluar a casi 1.900 juzgadores, desde jueces de primer nivel hasta miembros de cortes provinciales, con el parámetro de probidad, a partir de pruebas de confianza.
*Nota actualizada con la versión de la defensa de Celso Moreira
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