La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la última de una serie de masacres en cárceles de Ecuador, ocurrida este lunes, muestra la urgencia de la reforma del sistema de justicia penal y del penitenciario para resolver esta prolongada crisis carcelaria.
Al menos 44 presos fueron asesinados en la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas, con lo que el número de reclusos fallecidos en enfrentamientos entre bandas rivales en poco más de dos años superó los 400.
Si en 2020 fueron 46, la violencia dentro de las cárceles ecuatorianas se desbordó en 2021, cuando se registraron 316 reos perecidos en distintas matanzas, y este 2022 va rumbo a repetir una cifra similar al acumular de momento 64 muertes.
Bachelet indicó que se presume que el Estado es responsable por estas muertes, que deben ser investigadas de forma transparente.
"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo mediante un comunicado leído por su portavoz en una rueda de prensa en Ginebra.
El Gobierno ecuatoriano lanzó el pasado febrero una política pública para la rehabilitación social de prisioneros, desarrollada con apoyo técnico de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el organismo que dirige Bachelet.
En ella hubo una considerable participación de la sociedad civil, de familiares de presos y de ellos mismo, y ahora la alta comisionada pidió a las autoridades que entreguen los recursos necesarios para implementar esa política y que se considere reducir "el excesivo uso del encarcelamiento".
"El Gobierno también debe considerar una hoja de ruta que propusimos para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó.
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