Amnistía Internacional (AI) advirtió una "crisis de derechos humanos" en Ecuador por la actuación de la Policía contra los manifestantes que protestan desde hace 11 días en el país por el alto coste de la vida y las políticas económicas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso.
La organización internacional destacó que son "múltiples las denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".
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Ante ese escenario, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, afirmó en un comunicado que "la lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019".
Guevara comparó la situación con la ola de protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles que hace tres años paralizó el país durante unos diez días, también liderada como ahora por el movimiento indígena, y que dejó una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos, de ellos un tercio de policías y militares.
"Para evitar que esta historia se repita, el presidente debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los pueblos indígenas y personas en situación de pobreza”, dijo Guevara.
Según la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, ha habido unas 80 detenciones desde el inicio de la movilización, entre ellas la del líder indígena Leonidas Iza, principal promotor de las protestas, quien estuvo casi un día detenido hasta que fue puesto en libertad condicional con cargos por presunta paralización de servicios públicos.
DETENCIONES Y HERIDOS
La Alianza también ha denunciado la existencia de 55 personas heridas y 39 episodios de violaciones de derechos humanos, mientras que la Policía reporta más de 100 agentes heridos y 39 vehículos destruidos, en distintos actos de violencia como el incendio y saqueo de un cuartel policial en la ciudad amazónica de Puyo, además de otras cuatro Unidades de Policía Comunitarias (UPC) destruidas.
Para Amnistía Internacional, uno de los episodios más alarmantes ocurrió en Riobamba, ciudad ubicada en la sureña provincia andina de Chimborazo, cuando en la noche del 17 de junio al menos 16 personas resultaron heridas, incluyendo impactos en cráneo y ojos por perdigones.
Asimismo, está en investigación la muerte de un manifestante en Puyo durante un enfrentamiento entre grupos indígenas y policías, pues las organizaciones sostienen que falleció a causa de un disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia, mientras que la Policía afirma que manejaba explosivos.
Otro hecho destacado por Amnistía es el presunto atentado denunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra Iza, su presidente, cuando individuos no identificados dispararon contra la ventana del su vehículo, en un momento en que se encontraba vacío.
PREOCUPACIÓN POR ESTADO DE EXCEPCIÓN
La organización internacional también mostró su preocupación por el estado de excepción decretado por Lasso en seis provincias que concentran las protestas, en el que suspende los derechos de asociación y de reunión.
“Para evitar la escalada de esta crisis, desde Amnistía Internacional pedimos al presidente Lasso cesar la estigmatización y represión de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica", señaló Erika Guevara.
También exhortó al mandatario a "publicar información desglosada sobre el número de personas heridas y detenidas, así como los cargos en su contra, y atender las causas estructurales" que han motivado las protestas.
Asimismo, instó a la fiscal general del Estado a "realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales para llevar a los sospechosos de responsabilidad penal ante la justicia, incluyendo a la cadena de mando".
Este jueves las protestas continúan por undécimo día consecutivo, ante la negativa de Iza de acudir a un diálogo mientras no se garantice la totalidad de su pliego de demandas, que incluyen reducir y congelar precios de combustibles, controlar precios de productos esenciales y no privatizar empresas del Estado.
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