La audiencia de juicio contra trece procesados por presunta delincuencia organizada en el caso denominado "Purga", que investiga una presunta trama de corrupción judicial en la provincia de Guayas, se reinstaló este jueves.
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Durante la diligencia, en la que estuvo presente el fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que dicte una pena agravada de 13 años y 4 meses de prisión contra el exasambleísta Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo; y al exjuez penal del Guayas, Johann Marfetán.
La entidad calificó a esos procesados como "líderes de la estructura investigada". Además, pidió una sentencia de 9 años y 4 meses de prisión para Reinaldo C., Henry T., Nelson P., Saúl M., Guillermo V., Juan R. y Andrea P., y de un año y 4 meses de prisión para Alberto L. y Ruth S., por su cooperación eficaz.
En su alegato de cierre, Toainga, quien subroga en el cargo de titular a Diana Salazar, indicó que la evidencia expuesta durante el juicio ha sido suficiente y sostiene que los acusados participaron en diferente grado dentro de la trama por medio de la que resoluciones judiciales eran manipuladas en la provincia del Guayas.
“El procesado Pablo Muentes direccionó y controló el sistema de justicia en la provincia de Guayas a través de los miembros principales de la cúpula, Fabiola Gallardo, Johann Marfetán y Mercedes Villarreal. De tal forma que, gracias al control que la cúpula ejerció, cada miembro tuvo la capacidad de manejar ese poder a conveniencia de sus intereses, como los ya conocidos; la obtención de decisiones favorables en el ámbito patrimonial de Pablo Muentes o los beneficios materiales en el trabajo de Fabiola Gallardo”, declaró Toainga.
A raíz del caso Metástasis, que destapó el nexo del narcotráfico en la justicia, la Fiscalía encontró elementos suficientes para investigar a Muentes, Gallardo, y a varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
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Según las evidencias, los procesados habrían participado en una estructura para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estado.
La Fiscalía detalló a lo largo del juicio que, partiendo del poder político legislativo, se pervirtió el poder judicial con el fin de beneficiar o intentar beneficiar a criminales de larga trayectoria, como el mismo alias “Fito”, líder prófugo del grupo de delincuencia organizada, Los Choneros.