La Policía Nacional compartió un gráfico en el que registran a 100 presuntos delincuentes abatidos en los diez meses de 2024. Las muertes se han suscitado en enfrentamientos donde los agentes policiales dispararon contra los presuntos delincuentes para abatirlos "en uso legítimo de la fuerza", según anunció la misma institución policial.
La mayoría de las muertes se registraron en la provincia del Guayas (44), de ellas 34 únicamente dentro de su capital Guayaquil y su área metropolitana. Con 16 presuntos delincuentes abatidos figura la vecina provincia de Los Ríos y con 9 se encuentra El Oro, fronteriza con Perú; mientras que con 7 aparece Manabí.
Estas cuatro provincias, que concentran la mayor parte de los casos de presuntos delincuentes abatidos por la Policía, se encuentran dentro del último estado de excepción decretado por el presidente, Daniel Noboa, para combatir a las bandas de crimen organizado.
"Como Policía Nacional, privilegiamos siempre la vida. Sin embargo, en defensa de nuestros ciudadanos así como el de nuestros servidores policiales, hemos hecho uso legítimo de la fuerza", señaló en redes sociales el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, para explicar el elevado número de presuntos delincuentes fallecidos.
El incremento de actuaciones letales de la Policía ecuatoriana se ha acelerado desde 2023 y contrasta con los seis casos que se registraron en 2022. Esto se debe a las disposiciones marcadas por el Gobierno para enfrentar la crecida de la delincuencia, lo que incluye que puedan hacer uso de las armas de fuego para repeler un ataque o para neutralizar a un delincuente en flagrancia que represente una amenaza.
Ecuador se volvió el país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico.
Desde inicios de año, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
De acuerdo con las cifras del Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17% en 2024 respecto al año anterior, pero los episodios de violencia criminal no han cesado, a la vez que también se siguen reportando secuestros y extorsiones.